En los últimos años, las autoridades electorales de nuestro país han desempeñado un papel fundamental para visibilizar y sancionar la violencia política contra las mujeres. Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) han emitido acuerdos y lineamientos que buscan garantizar la participación política en condiciones de igualdad. Sin embargo, la violencia de género ha transitado con fuerza hacia el entorno digital, obligándonos a replantear estrategias y mecanismos de protección.
Un avance significativo fue la aprobación, en 2020, de los Lineamientos para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género por parte del INE. Estos lineamientos establecieron criterios claros para identificar conductas de violencia política digital, así como mecanismos de denuncia y sanción. En paralelo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió sentencias que marcaron precedentes: reconoció que la difusión de mensajes ofensivos y denigrantes en redes sociales contra una candidata constituye violencia política en razón de género, ordenando medidas de reparación y sanción. Con ello, quedó claro que la violencia política no se limita al ámbito físico, sino que también se manifiesta en medios digitales, afectando directamente el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
En el ámbito local, los OPLEs han asumido la responsabilidad de atender este fenómeno. En Quintana Roo, por ejemplo, el Instituto Electoral local implementó en 2021 un protocolo de atención que incluye medidas de protección, acompañamiento psicológico y asesoría legal para las víctimas. Durante el Proceso Electoral Local 2024, se registraron 16 quejas por violencia política en razón de género, todas relacionadas con agresiones digitales en redes sociales. Los tipos de violencia más frecuentes fueron la simbólica, la basada en estereotipos de género y la ejercida mediante señalamientos humillantes que buscaban menoscabar la función pública de las mujeres.
Es importante subrayar que las autoridades electorales han reconocido la necesidad de coordinarse con las plataformas digitales para garantizar la eliminación de contenidos que constituyan violencia política; esto porque, muchas veces las políticas de las plataformas no permiten eliminar ciertos contenidos bajo criterios de libertad de expresión. Ahora bien, la jurisprudencia mexicana ha sido contundente: la violencia política digital no puede justificarse bajo el argumento de la libertad de expresión. La crítica política es legítima, pero no cuando se convierte en ataques misóginos, humillantes o denigrantes que buscan inhibir la participación de las mujeres.
Los acuerdos y determinaciones de las autoridades electorales han tenido un doble efecto: por un lado, han fortalecido el marco normativo para sancionar la violencia política digital; por otro, han generado conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de construir un entorno democrático incluyente y libre de violencia. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. El Proceso Electoral Local 2027 será una prueba decisiva para demostrar que las instituciones, los partidos políticos y la ciudadanía en su conjunto pueden actuar de manera coordinada y firme frente a este desafío.
Como consejera electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, estoy convencida de que la lucha contra la violencia política digital en contra de las mujeres no puede recaer únicamente en las instituciones. La ciudadanía tiene un papel esencial: propiciar un ecosistema digital libre de violencia. Cada vez que compartimos, comentamos o difundimos mensajes ofensivos, contribuimos a perpetuar un entorno hostil que limita la participación de las mujeres en la vida pública.
Hoy más que nunca necesitamos un frente común. Debemos unirnos para rechazar la violencia política digital y construir un espacio democrático donde las mujeres puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y respeto. La democracia no se defiende sola: requiere de nuestra corresponsabilidad, de nuestra voz y de nuestra acción.
