El Fiscal General de Quintana Roo, Raciel López Salazar, ha salido al paso de las recientes y contundentes críticas para negar rotundamente las acusaciones de simulación, extorsión a propietarios y despojo de inmuebles durante los operativos en bares de Cancún, contra la trata de personas.
López Salazar afirmó este lunes desde la conferencia del Gabinete de Seguridad de Quintana Roo: “no somos simuladores, nosotros actuamos”, al subrayar que los resultados de sus acciones son evidentes y que las reacciones negativas provienen de la afectación a intereses ilícitos.
El Fiscal General destacó que existen actores que, al verse perjudicados por las acciones legales emprendidas, buscan desacreditar el trabajo institucional.
Añadió que hay quienes se dedican a defender a individuos involucrados en actividades ilegales y que, cuando se tocan esos intereses, surgen reacciones que buscan “reflectores” y desprestigiar su labor, como en el caso de los operativos en bares de Cancún.
Acusa campaña de desprestigio
Además, López Salazar denunció públicamente que grupos del crimen organizado están influyendo en la percepción ciudadana a través de campañas de desprestigio, mensajes amenazantes y desinformación en redes y medios.
Advirtió que intentarán señalar a otros funcionarios, como el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Padilla Barrientos, debido a que está afectando intereses con sus acciones y rotaciones internas. Informó que ya hay personas detenidas por la colocación de mantas intimidatorias, y las investigaciones apuntan a grupos delictivos que se sienten vulnerables ante la falta de acuerdos con las autoridades.
“Nosotros no tenemos trato con la delincuencia, y eso incomoda”, sentenció, reafirmando el compromiso de su administración con la legalidad, la justicia y la dignidad institucional.
Acusaciones de “carpetas fabricadas” y extorsión en operativos en bares de Cancún
El pasado 14 de julio, la asociación “Es Tra, no Tra. Es trabajo, no es Trata” lanzó acusaciones contra la Fiscalía General de Quintana Roo.
La organización de reciente creación denunció que las acciones contra la trata de personas en operativos en bares de Cancún, supuestamente, buscan simular el combate a este delito, pero en realidad sirven para la extorsión a propietarios y para justificar la extinción de dominio de los inmuebles asegurados, con el objetivo de adueñarse de ellos.
Leticia Salazar, presidenta de la asociación, y la abogada Fabiola Cortés Miranda, afirmaron que al menos 11 establecimientos en Cancún han sido asegurados bajo el argumento de que ahí se comete trata de personas, con carpetas de investigación que, según ellas, son “fabricadas”.
Describieron un modus operandi recurrente: una denuncia anónima seguida de la intervención de un agente encubierto. Sin embargo, en los cateos a los negocios de Salazar, no se ha encontrado evidencia de la presencia de mujeres extranjeras o menores de edad.
La abogada Cortés Miranda señaló que entre las irregularidades halladas, están que los testimonios de las mujeres supuestamente rescatadas están estandarizados y las actas de entrevista contienen declaraciones repetidas, elaboradas sin la presencia de un defensor público.
