La asociación “Es Tra, no Tra. Es trabajo, no es Trata” denunció hoy que los operativos contra la trata de personas en bares, encabezados por la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), buscan, presuntamente, simular el combate de ese delito, pero en realidad sirven para la probable extorsión a propietarios y para justificar la extinción de dominio de los inmuebles cateados y asegurados, con la finalidad de adueñarse de ellos.
La presidenta de dicha asociación, de reciente creación, Leticia Salazar, dijo en conferencia de prensa que los cateos, aseguramientos y supuestos rescates de víctimas, son selectivos y presuntamente violatorios de derechos humanos.
La empresaria y su asesora jurídica –la abogada y activista, Fabiola Cortés Miranda– afirmaron que al menos 11 establecimientos en Cancún han sido asegurados bajo el argumento de que ahí se comete el delito de Trata de personas, con carpetas de investigación que –advierten– son “fabricadas”.
Irregularidades y “fabricación” de casos
Cortés Miranda indicó que “todas son carpetas falsas” y sostuvo que el modus operandi utilizado por las autoridades ministeriales se repite en todos los casos:
Una denuncia anónima, seguida por la intervención de un agente encubierto que declara haber detectado presencia de mujeres extranjeras o menores de edad, en estado de “vulnerabilidad”, que son víctimas de explotación sexual o laboral.
De acuerdo con la abogada, en ninguno de los cateos a los establecimientos de Salazar se ha encontrado presencia de mujeres de nacionalidad extranjera o menores de edad, como ha sido informado por la FGE.
Sin embargo, los inmuebles han sido asegurados e iniciados los procedimientos de extinción de dominio correspondientes a favor del Estado, con base en el marco legal estatal que así lo permite.
Este patrón —señaló Salazar— es común en otros bares y centros nocturnos, aunque no todos los empresarios se han pronunciado públicamente por temor a represalias.
Cortés Miranda afirmó que los testimonios de mujeres supuestamente rescatadas están estandarizados y que las actas de entrevista utilizadas por la fiscalía contienen declaraciones repetidas, con afirmaciones como haber cobrado mil o mil 500 pesos por servicios sexuales y entregar una parte al establecimiento.
Indicó que estas entrevistas son elaboradas sin la presencia de un defensor público, lo que contraviene los derechos humanos de las mujeres.
Añadió que a algunas se les ha obligado a firmar declaraciones falsas y, de negarse —aseguró— se les amenaza con “sembrarles” droga.
“Las obligan a firmar actas en las que se establece que comparecieron de forma voluntaria, lo cual es falso”, sostuvo.
Según la activista, el objetivo de estas entrevistas es obtener una declaración que permita justificar el aseguramiento del inmueble e iniciar su extinción de dominio. Después de eso, la fiscalía no vuelve a contactar a las mujeres.
Agregó que las mujeres han expresado que voluntariamente trabajan en esos bares como una forma de completar su ingreso, sin coacción, pero las autoridades las presentan como personas “vulnerables” que no son conscientes de que están siendo víctimas del delito.
“Para que se dé el tema de la Trata de personas, de acuerdo a la Ley, se debe de dar una situación que es la de la vulnerabilidad. Es decir, la mujer puede otorgar el consentimiento, incluso a dedicarse al sexoservicio porque por ley no está prohibido.
“Pero lo que dice la Ley de Trata es que si la persona es vulnerable, no pudo dar su consentimiento. Entonces ellos las hacen aparecer como vulnerables y no pudieron dar su consentimiento, aunque las mujeres expliquen, digan… lo contrario”, expresó la abogada.
Leticia Salazar afirmó que, incluso, establecimientos que ha rentado a terceros han sido asegurados por las autoridades, sin que le permitan intervenir legalmente.
Explicó que todos sus negocios, tanto los que opera directamente, como los que renta o arrenda, están bajo vigilancia de las autoridades, en represalia porque se ha negado a dejarse extorsionar por la FGE y ha decidido defenderse.
“Yo creo que es la única que se está defendiendo por la vía jurídica y que no ha aceptado (el pago)”, respaldó Cortés Miranda.
Impacto económico y denuncia pública
En cuanto al impacto económico, Salazar detalló que cada establecimiento genera empleo para alrededor de 40 personas, lo que representa aproximadamente 500 trabajadores afectados por el cierre de los 11 bares.
Entre ellos se encuentran meseros, cocineros, personal de limpieza, seguridad, cajeras, DJ y otros, varios de ellos y ellas, integrantes de la asociación, cuyo surgimiento fue dado a conocer esta mañana.
Algunas de las personas afectadas han tenido que recurrir a empleos informales o de supervivencia, como lavar coches.
Además de los operativos, se mencionó la reducción del horario permitido para operar hasta las 2:00 de la mañana, lo que ha afectado a quienes cumplen con el reglamento.
Según las denunciantes, existen establecimientos que continúan operando hasta las 6:00 de la mañana sin sanción alguna, lo que evidencia un trato desigual.
Cortés Miranda también subrayó que, si bien existen lugares donde efectivamente ocurre la trata de personas, no son los que están siendo cateados, ni clausurados.
Afirmó que los casos reales se ubican en zonas turísticas exclusivas, como la zona hotelera de Cancún, donde se alojan mujeres extranjeras con pasaportes retenidos, pero que “nunca son tocados por la autoridad”.
Salazar añadió que el sector se encuentra bajo presión de múltiples frentes, incluyendo extorsiones, pérdida de empleo y daño a su reputación; y llamó a otros empresarios y trabajadores del ramo a organizarse para visibilizar lo que calificaron como una práctica sistemática de criminalización.
