La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) también conocida como Aguakan, elevó el conflicto legal que mantiene con el Gobierno de Quintana Roo, buscando apoyo del arbitraje internacional que les permita defenderse.
Señalan hostigamiento jurídico para retirarles la concesión que mantienen hasta 2053, además han observado una serie de cambios en las leyes locales que consideran les podrían afectar a largo plazo.
El abogado de Aguakan, José Zapata, mencionó que a partir de abril de 2024 abrieron un nuevo procedimiento ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus siglas en inglés), porque consideran importante la intervención de un mediador imparcial que organice los fundamentos legales de ambas partes.
Desde 2024 a la fecha, ya se han desarrollado varias audiencias, y la última que se resolvió ocurrió el pasado 20 de enero de 2025. En estas audiencias el Gobierno de Quintana Roo ha pedido prórrogas de tiempo, pues también han presentado información para debatir el caso legal.
Desde la perspectiva del defensor de Aguakan, este recurso con la Cámara de Comercio Internacional continuará como parte de la estrategia, pues señalan que el Gobierno de Quintana Roo, ha avanzando desde 2023 con una serie de cambios en las leyes locales, y creación de nuevas reformas que podrían afectarles a largo plazo como empresa.
Una de las más recientes, la Ley de Expropiación Ocupación Temporal y Limitación del Dominio, que contempla entre sus 25 causales, que la Consejería Jurídica de Quintana Roo pueda expropiar terrenos privados para obras de agua potable y alcantarillado, que actualmente es vigente.
También recientes modificaciones normativas desde 2023 en materia de inteligencia financiera y nuevas atribuciones que tiene la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ).
Consulta popular no es válida para conclusión del contrato
En 2022, en las elecciones locales de Quintana Roo, se realizó una consulta pública, en el que la población de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad, votó por el rechazo a la concesionaria de agua potable y alcantarillado Aguakan.
El abogado de Aguakan, José Zapata, explicó que aunque la votación ciudadana es un procedimiento democrático novedoso en la entidad, no es posible revertir la concesión, pues existe un contrato vigente que tiene que ser respetado, y la figura de consultas populares no forma parte de las causales para rescindir un contrato.
“Hablamos de la existencia de un esfuerzo desmedido de la autoridad para remover a Aguakan, es porque la consulta popular no es una de las causales de terminación. La consulta popular no excluye la obligación de dar cumplimiento a los términos de la concesión. No se ha incumplido el contrato en ninguno de sus términos, y no se ha dejado de prestar el servicio”, sostuvo el defensor de Aguakan.
Aunque el caso en la Cámara de Comercio Internacional avanza, el abogado sostuvo que la empresa no está incumpliendo con los servicios, pues continúan entregando agua potable a los cuatro municipios donde tienen concesión.
En el peor de los escenarios, de que el Gobierno de Quintana Roo consiguiera sus objetivos de poner fin a la concesión que tienen hasta 2053, el gobierno deberá indemnizar a la empresa al valor comercial directamente a los propietarios.
Aguakan ha invertido aproximadamente 8 mil 223 millones de pesos en infraestructura en los municipios donde desarrolla servicios de agua potable y alcantarillado, equivalente a una conexión de 3 mil 250 kilómetros de tuberías de agua.
Denuncia penal contra Aguakan
Este 20 de febrero, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, confirmó que la administración estatal si realizó una demanda penal contra Aguakan.
Estas acciones forman parte de los resultados que se dieron en la consulta popular celebrada en las elecciones de 2022, en el que la ciudadanía de estos cuatro municipios votó y expresó su inconformidad con el servicio de agua potable, aseveró.
La denuncia penal fue interpuesta por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, que actualmente encabeza Carlos Felipe Fuentes del Río, en contra de Aguakan, y fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales, que está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
