La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)-Aguakan informó que el gobierno de Quintana Roo presentó una denuncia penal contra sus directivos y consejeros. La compañía calificó la acción como una “ofensiva legal” y sostiene que la denuncia, basada en hechos ocurridos hace más de una década (2014), carece de sustento y responde a una estrategia de presión en el marco del litigio que mantiene con el estado por la revocación de su concesión.
¿Cuál es el origen de la denuncia penal?
A través de un evento registrado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Aguakan informó a sus inversionistas que la denuncia penal se basa en presuntas irregularidades ocurridas en 2014.
En ese año, la empresa y el gobierno estatal acordaron extender la concesión hasta 2053 e incluir al municipio de Solidaridad en su cobertura, que hasta entonces se limitaba a Cancún e Isla Mujeres.
Como parte de ese acuerdo, Aguakan pagó 1,055 millones de pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo como contraprestación única.
El gobierno estatal sostiene que los funcionarios que firmaron ese contrato no contaban con las facultades legales para hacerlo. Por el contrario, Aguakan asegura que todas las acciones se realizaron conforme a la ley y contaron con la aprobación del Consejo Directivo de CAPA, los cabildos municipales y el Congreso estatal.
Contexto y antecedentes del conflicto
En 2022, habitantes de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad votaron mayoritariamente en contra de la continuidad de Aguakan como concesionaria del servicio de agua potable, argumentando deficiencias en la prestación del servicio y cobros excesivos.
Derivado de esta consulta, el Congreso de Quintana Roo aprobó dejar sin efecto la extensión de la concesión otorgada en 2014, lo que provocó que el contrato venciera en 2023.
Sin embargo, Aguakan interpuso diversos recursos legales que le han permitido mantener su operación en los cuatro municipios mencionados.
La empresa sostiene que la revocación de la concesión fue unilateral, violando el Estado de derecho y poniendo en riesgo inversiones millonarias en infraestructura.
Postura de las partes involucradas
Aguakan considera que la gobernadora de Quintana Roo, María Elena “Mara” Lezama Espinosa, ha sido mal informada sobre los hechos y reiteró su disposición al diálogo para encontrar una solución que beneficie tanto a los habitantes del estado como a sus inversionistas. Entre ellos se encuentran las afores Banamex, Sura, Principal y Pensionissste, las cuales manejan fondos que representan los ahorros de 22.5 millones de trabajadores.
Por su parte, el gobierno estatal sostiene que la revocación de la concesión responde a una legítima demanda ciudadana y acusa a la empresa de incumplir con los estándares de servicio establecidos en el contrato.
El caso ha despertado el interés de actores financieros y empresariales, dado que Aguakan es una de las concesionarias de agua más importantes del país. Además de que su modelo de operación está vinculado a inversiones de fondos públicos y privados.
La incertidumbre en torno al desenlace de este litigio podría generar repercusiones en otros estados con esquemas de concesión similares.
