Hace dos décadas participé en un ensayo publicado por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, titulado El voto electrónico: un ejercicio de vanguardia. Desde entonces, me entusiasma la idea de dejar atrás las tradicionales boletas de papel. Sin embargo, algo ha sucedido en el camino: seguimos sin concretar plenamente la forma de hacerlo posible.
En aquel momento reseñé diversas modalidades de voto electrónico. Una de ellas no dependía de Internet, pero sí facilitaba la presentación de la “boleta” en formato digital. La ciudadanía podía seleccionar entre las opciones, votar y confirmar su decisión. Este sistema, diseñado específicamente para la función electoral, eliminaba la necesidad de un escrutinio manual y permitía la sumatoria inmediata de los votos. Se trataba de una urna electrónica que requería únicamente energía eléctrica y una batería, simplificando el proceso y garantizando eficiencia.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha presentado, en ejercicios recientes, urnas electrónicas que optimizan los tiempos de la jornada electoral y generan información de manera inmediata. Además, cuentan con mecanismos de seguridad que aseguran la confiabilidad en la transmisión y publicación de resultados. Estas urnas garantizan la universalidad, libertad y secrecía del voto, respetando los principios de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aunque representan un gasto inicial considerable, su vida útil permite reutilizarlas en distintos procesos, lo que convierte esa inversión en una apuesta inteligente.
En México, a nivel estatal, se han impulsado iniciativas desde hace años. Coahuila fue pionero en 2005 al implementar el voto electrónico con efectos vinculantes. En 2012, se utilizó para votantes en el extranjero de la Ciudad de México y Chiapas. Posteriormente, Baja California Sur y Chiapas lo aplicaron en 2015. La reforma electoral de 2014 lo consideró como una herramienta para reducir costos y facilitar el voto de los ciudadanos en el extranjero. En 2022 se empleó en un procedimiento de revocación de mandato, y en 2024 se distribuyeron urnas electrónicas en embajadas para la elección presidencial. Ese mismo año, 122,497 ciudadanos votaron por Internet, lo que representó el 66.45 % del total de sufragios emitidos desde el extranjero.
En contraste, en la elección judicial de 2025 se regresó a las boletas impresas, con un gasto de 775 millones de pesos para producir 602 millones de papeletas. El resultado fue una participación bajísima: apenas 13 % de los casi 100 millones de electores habilitados. Este ejemplo evidencia el costo económico y social de mantener un sistema obsoleto.
El voto electrónico ofrece ventajas evidentes: rapidez, seguridad, inclusión y accesibilidad, especialmente para quienes residen fuera del país. Es cierto que existen riesgos y desafíos, pero no son insuperables. Más bien, representan áreas de mejora que deben atenderse con voluntad política y tecnológica.
Hoy, el voto electrónico no puede desvincularse de la tendencia global hacia la digitalización. En un mundo donde las herramientas digitales impulsan el progreso social y la innovación, México no puede quedarse atrás. La democracia exige modernizarse, y el voto electrónico es un paso indispensable.
Ya es hora de que hagamos uso pleno del voto electrónico. No se trata de una expectativa, sino de una necesidad impostergable. La convicción es clara: modernizar nuestro sistema electoral es garantizar un futuro democrático más eficiente, seguro e inclusivo.
