Como consejera electoral, estoy convencida de que la democracia no puede reducirse a números, porcentajes o promedios. La democracia debe medirse en la capacidad de reflejar la diversidad de nuestra sociedad y en garantizar que nadie quede fuera de la representación política.
En México, de acuerdo con cifras del INEGI, más de 9 millones de personas viven con alguna discapacidad. En Quintana Roo, esta realidad también nos toca de cerca: más de 240 mil habitantes enfrentan barreras que no deberían existir. No son cifras frías, son vidas, son proyectos, son voces que merecen ser escuchadas y reconocidas.
Por esa razón, en los procesos electorales de 2022 y 2024, el Instituto Electoral de Quintana Roo dio pasos firmes hacia la inclusión. En municipios como Benito Juárez, Cozumel, Othón P. Blanco y Solidaridad, se garantizó la postulación de al menos dos personas con discapacidad, siempre bajo el principio de paridad de género. En los demás municipios, se aseguró al menos una candidatura. Y en la Legislatura, se establecieron acciones afirmativas para que personas con discapacidad pudieran participar tanto en el principio de mayoría relativa como en el de representación proporcional.
El resultado fue histórico: 13 personas con discapacidad ocuparon cargos públicos en 2024. Esto es, un porcentaje de 7.9% del total de cargos, es decir, resultaron electas 11 personas en distintos municipios y 2 en las diputaciones locales. No hablamos de cuotas, hablamos de justicia. No hablamos de cumplir un requisito, hablamos de cumplir un mandato social y humano.
Hoy, debemos dejar atrás la indiferencia. Porque una democracia sólida no se mide sólo por el número de votos, sino por la calidad de la representación. Y esa calidad exige que quienes han sido excluidos tengan un lugar en donde se toman las decisiones.
La democracia inclusiva no es un favor, es un deber. Y ese deber nos llama a construir un Estado donde la diversidad sea fuerza, donde la igualdad sea norma, y donde la voz de cada persona, sin importar condición, sea escuchada con la misma dignidad. Porque se trata de derechos humanos, universales y de interés general.
Ahora bien, reconocer el derecho a ser votados no significa imponerles la carga de representar a su grupo o de legislar para su grupo. La agenda política para las personas con discapacidad no es responsabilidad exclusiva de quienes llegaron por esa cuota; es responsabilidad de toda la Legislatura, de todos los partidos, de todas y todos los actores políticos, sin importar ideologías.
Dicho de otro modo, la democracia inclusiva no es tarea de los grupos prioritarios: es tarea de todas y de todos.
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