La organización Amnistía Internacional-México exhortó a la gobernadora de Quintana Roo, “Mara” Lezama, a “no caer en tentaciones propias de gobiernos autoritarios” y a vetar las reformas al artículo 182 del Código Penal, recientemente aprobadas por el Congreso local, opinión que coincide con un mensaje de la gobernadora en el que informa que ha pedido que se vuelva a reformar dicho artículo con el fin de precisar “el derecho de libre manifestación pacífica”.
“La modificación del artículo 182 es altamente regresiva al criminalizar el derecho a protestar. Todo cambio legislativo puede revertirse. Llamamos al Congreso estatal a echar marcha atrás y pedimos a la gobernadora de Quintana Roo, que no caer en tentaciones propias de gobiernos autoritarios y vetar la reforma.
“Conforme a su redacción, evidentemente criminaliza la protesta e inhibe el derecho a la libre manifestación”, dijo a NewsDay Caribe, la directora ejecutiva de la organización, Edith Olivares Ferreto.
Agregó que el artículo es propio de los estados que usan herramientas para reprimir la libre manifestación, por diversas vías.
Lo hacen –mencionó– a través de narrativas que criminalizan la protesta; mediante el uso excesivo de la fuerza; a través de la violencia sexual o con el uso indebido de la legislación.
“En este caso, es muy claro que se ha hecho un uso indebido del Derecho Penal”, aseveró.
La activista explicó que aún cuando Lezama Espinosa afirmó que “es totalmente falso” que el artículo 182 violente la libre manifestación, la redacción del tipo penal mencionado es muy clara:
“Dice literalmente que a quienes obstaculicen la vía pública se les va a castigar hasta con cuatro años de cárcel. Recordemos que, históricamente, obstruir las vialidades son la forma más común de una protesta, que es un derecho protegido en todo el mundo.
“Vemos con muchísima preocupación que aquí hay una doble intención. Este artículo claramente se elaboró con intención, no solo de castigar a quien protesta, sino de inhibir ese derecho, infundiendo miedo anticipado. Pretenden que la gente no salga a protestar”, advirtió.
Detalló que la libre manifestación o protesta, es ubicado en el marco de los derechos humanos como “un derecho paraguas para otros derechos”, mismos que benefician a toda la comunidad.
“Recordemos que si las mujeres pueden votar, si se les ha reconocido el derecho a decidir, si empresarios y no empresarios pueden gozar de libertades, es gracias a que muchas y muchos otros ciudadanos han salido a bloquear calles, aunque haya empresarios a los que les moleste que la gente se manifieste; aunque no les guste porque se trata de zonas turísticas.
“Entendemos que las protestas pueden causar incomodidad en algunas personas, principalmente incomodan a los grupos en el poder y a los gobiernos autoritarios. Por eso nosotras, nosotros esperaríamos que la gobernadora vete esta ley o esta reforma, porque el derecho a la protesta es un derecho básico en Estados democráticos”, sostuvo.
Edith Olivares informó que Amnistía Internacional promueve en el mundo una campaña en defensa al derecho a la protesta, por su importancia y remarcó que el caso de Quintana Roo “no puede replicarse en el resto del país; es importante detener las tentaciones autoritarias”.
Gobernadora solicita cambio a la reforma del articulo 182
Ante la posibilidad de que la reciente reforma al Código Penal de Quintana Roo pudiera afectar la libre expresión y manifestación de los ciudadanos, la gobernador de estado, “Mara” Lezama informó a través de sus redes sociale esta tarde que el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado presentará una nueva propuesta de reforma ante la legislatura local.
“Derivado de la posibilidad de que la reciente reforma al Código Penal pudiera atentar contra la libre expresión y manifestación de las y los ciudadanos de Quintana Roo, y a pesar de que el texto anterior ya consideraba sanciones al respecto, he instruido al Consejero Jurídico para que se presente una reforma ante la legislatura local, en la cual se precise el derecho de libre manifestación pacífica. Somos un gobierno sensible y democrático, y ese será siempre un derecho.” se lee en el post.
La iniciativa busca aclarar y garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar manifestaciones pacíficas, pese a que la mandataria afirma que el texto anterior del Código Penal ya contemplaba sanciones relacionada.
