Desarrollos inmobiliarios clausurados en Playacar vuelven a quedar bajo la lupa ambiental, ante los señalamientos sobre seis proyectos que habrían avanzado en una zona de alta importancia ecológica, en medio de procedimientos, cuestionamientos y, en algunos casos, clausuras impuestas por autoridades ambientales, pero sobre todo por la falta de vigilancia y seguimiento por parte de Semarnat, Profepa y el propio Ayuntamiento playense.
Los proyectos señalados son Legacy-AWA, Macondo, Bakabá, Casa de Piedra, UMA y Vi Ha 36, todos ubicados dentro de Playacar, de acuerdo con las coordenadas y ubicaciones documentadas en el expediente referido por la representante legal de la asociación civil Dmas, Irma Morales.
Sin embargo, existe una diferencia relevante entre los seis casos: UMA sería el único de los proyectos señalados que habría respetado la clausura y detenido sus trabajos, mientras que los otros cinco habrían continuado con distintos niveles de avance, según los señalamientos y el comparativo de imágenes obtenidas mediante dron.
Las tomas aéreas, realizadas antes y después, permiten observar la evolución de las construcciones y, de acuerdo con quienes han documentado los sitios, mostrarían en flagrancia el avance de obras presuntamente realizadas pese a las medidas de clausura o restricciones existentes.
Legacy-AWA, un caso que ya fue clausurado
Uno de los casos más relevantes es Legacy-AWA, ubicado sobre Paseo Xamán-Há.
En 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio relacionado con este proyecto, después de detectar la remoción de vegetación forestal en aproximadamente 14 mil 292 metros cuadrados y determinar que no se acreditó la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Posteriormente, surgieron señalamientos sobre la continuidad de trabajos en el sitio, pese a la colocación de los sellos.
Las imágenes aéreas tomadas en diferentes momentos serían parte de la evidencia utilizada para comparar el estado del predio y documentar el avance de la construcción, lo que vuelve a colocar el caso bajo cuestionamiento: ¿quién vigiló que la clausura fuera respetada?
Macondo, clausurado en 2026
Otro de los casos es Macondo Playacar, localizado también sobre Paseo Xamán-Há. En julio de 2026, Profepa colocó sellos de clausura después de detectar presuntas irregularidades ambientales, entre ellas la posible ausencia de la Manifestación de Impacto Ambiental requerida para la obra.
El proyecto contempla 80 departamentos distribuidos en cinco niveles, además de distintas amenidades.
Tras la clausura, vecinos documentaron que los sellos colocados por Profepa y Desarrollo Urbano habían sido cubiertos, situación que generó nuevos cuestionamientos sobre el cumplimiento de las medidas impuestas.
El comparativo de imágenes de dron también busca establecer cuánto había avanzado la obra antes de la intervención de las autoridades y cuál era su estado posteriormente.
Bakabá, Casa de Piedra y Vi Ha 36, también bajo observación
Dentro del grupo de proyectos señalados también aparecen Bakabá, Casa de Piedra y Vi Ha 36.
Bakabá, ubicado en Playacar Fase II, es anunciado comercialmente como un desarrollo de departamentos sobre una superficie aproximada de 69 mil 700 metros cuadrados.
Casa de Piedra es promocionado como proyecto residencial dentro de Playacar, y su publicidad comercial señala que más del 90 por ciento de sus unidades ya fueron vendidas.
Por su parte, Vi Ha 36, localizado sobre Paseo Xamán-Há, también aparece como un desarrollo inmobiliario con lotes disponibles y otros marcados como vendidos.
En estos casos, la preocupación ambiental se cruza con otro elemento: la comercialización de los proyectos mientras existen cuestionamientos sobre sus autorizaciones ambientales, licencias y posibles medidas de clausura.
UMA, el único que habría detenido completamente la obra
En contraste con los otros cinco proyectos, UMA, ubicado en el retorno Akab Uno, manzana 13, lote 34, habría sido el único de los seis desarrollos que sí respetó la clausura.
De acuerdo con la documentación y el seguimiento realizado al sitio, la obra no habría registrado nuevos avances después de la colocación de los sellos.
Esta diferencia resulta significativa, ya que permitiría establecer un contraste entre un proyecto que sí habría acatado la medida de seguridad y otros cinco en los que existen señalamientos sobre continuidad o avances de construcción.
Desarrollos inmobiliarios clausurados en Playacar: Las imágenes de dron, el antes y el después
Uno de los elementos que ahora cobra especial relevancia son las tomas aéreas obtenidas mediante dron en diferentes fechas.
El comparativo permite observar el estado que tenían los predios antes de las clausuras o intervenciones y contrastarlo con imágenes posteriores, mostrando —según los denunciantes— cambios y avances constructivos en cinco de los seis desarrollos señalados.
Estas imágenes no sustituyen las inspecciones oficiales ni determinan por sí mismas la legalidad de una obra, pero sí plantean una pregunta que corresponde responder a las autoridades: si existían sellos de clausura, ¿cómo fue posible que las construcciones continuaran avanzando?
¿Dónde estuvo la vigilancia?
La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) ha señalado que los seis desarrollos forman parte de una problemática más amplia relacionada con desmontes y afectaciones a la selva de Playacar Fase II, por lo que ha solicitado revisar las autorizaciones ambientales de los proyectos.
El cuestionamiento de fondo ya no se limita a determinar quién construyó o quién autorizó, sino también quién tenía la responsabilidad de vigilar que las clausuras fueran respetadas.
Si las imágenes aéreas muestran diferencias entre el estado inicial de los predios y su condición posterior, las autoridades ambientales y municipales tendrían que explicar cuántas inspecciones de seguimiento realizaron, qué encontraron durante esas visitas y qué medidas adoptaron ante cualquier posible incumplimiento.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio a Semarnat y Profepa, pero también a las autoridades municipales encargadas de las licencias y permisos de construcción.
Mientras UMA aparece como el único proyecto de los seis que habría detenido sus trabajos tras la clausura, los otros cinco permanecen bajo cuestionamiento por los avances que muestran las imágenes aéreas.
La pregunta que queda abierta es directa: si las autoridades detectaron irregularidades y colocaron sellos de clausura, ¿quién permitió que cinco de los seis proyectos continuaran avanzando?
