El Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cancún, estableció que el ayuntamiento de Tulum y la Sedetus, deben declarar inválidos los permisos otorgados para el desarrollo inmobiliario Maiim, ubicado en Bahía Soliman.
Mediante una sentencia dictada el pasado 26 de mayo, el Juzgado instruyó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a ejecutar las acciones necesarias para restaurar la zona afectada.
Lo anterior implicaría la demolición de la obra, la cual inició construcción sin haber obtenido la autorización de impacto ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), trámite obligatorio para expedir la licencia de construcción y la constancia estatal.
El contenido de la sentencia fue dado a conocer por Antonella Vázquez Cavedon, fundadora de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que se amparó (952/ 2024) en contra del ayuntamiento encabezado por Diego Castañón y contra la Sedetus por haber emitido la licencia de construcción (2022) y las congruencias urbanísticas (2023), violentando lo que establece la ley.
Tenía licencia de construcción municipal
En conferencia de prensa, la abogada explicó que el desarrollo inmobiliario Maim, localizado en Tankah 4, dentro del ecosistema costero de Bahía Soliman, en el municipio de Tulum, avanzó casi hasta su finalización, habiendo violentando el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
El conjunto, compuesto por 30 departamentos en tres edificios de 5 niveles, contaba con licencia de construcción municipal, pero carecía de la autorización de impacto ambiental a que estaba obligado según el marco legal.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) había sancionado el proyecto y exigido la restauración del sitio afectado, pero nunca se ejecutó la orden.
La empresa se allanó, admitiendo sus faltas y luego pretendiendo, ahora sí, presentar extemporáneamente la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para obtener la autorización correspondiente.
La reciente sentencia del Juzgado Quinto de Distrito declaró inválidos los permisos otorgados por municipio y estado, y ordenó a la Profepa cumplir con su resolución previa, que contempla restaurar el ecosistema.
Si se cumple al pie de la letra, esto implicaría desmontar la obra ya construida.
“Hoy en día tiene una orden de que se ejecute la ley y que se restaure, y eso para nosotros significa demolición, y es lo que queremos ver”, afirmó.
La sentencia de 33 hojas “es muy clara, muy concreta”, afirmó, al detallar que el Juzgado ordenó al ayuntamiento dejar sin efecto la licencia de construcción y emitir un documento negándola. En el mismo sentido fue la instrucción a Sedetus.
