Con el respaldo de la ciudadanía de los 11 municipios de Quintana Roo y el impulso de una veintena de organizaciones civiles, fue entregado hoy, en Oficialía de Partes del Congreso del estado, el paquete “11×4” consistente en un cuarteto de iniciativas para reformar el marco legal, a fin de garantizar que la planeación urbana se base en la información de los Atlas de Riesgo, los estudios de capacidad de carga y los planes de movilidad.
Las iniciativas –bautizadas como Ley Tajamar, Ley Pok Ta Pok, Ley Solimán y Ley de Movilidad Sustentable– fueron redactadas, promovidas y firmadas por la sociedad civil y persiguen modificar la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, la Ley de Acciones Urbanísticas y el Código Penal del estado, con base en la sentencia 995/ 2023, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito, en mayo del 2023, con relación al Programa de Desarrollo Urbano de Cancún (2022-2030)
El Juzgado determinó que el gobierno municipal de Cancún debía dejar sin efecto ese PDU y estableció que, antes de aprobar o actualizar ese tipo de instrumentos de planeación urbana, en el estado, los ayuntamientos deberán elaborar, incorporar y tomar en cuenta, obligatoriamente, los Atlas de Riesgo de cada municipio, pues estos instrumentos son la base para ubicar en dónde es apto, seguro y pertinente construir y en dónde no.
La misma sentencia ordena que se incorporen Planes de Movilidad y estudios de capacidad de carga e impacto ambiental, previo a la autorización de proyectos, obras o acciones urbanísticas de cualquier tipo.
El Juzgado instruyó al Congreso del estado a reformar la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para esos efectos.
Entregan paquete 11×4 y anuncian petición digital
Esta mañana, la fundadora de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Antonella Vázquez; el representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en Quintana Roo, Aarón Siller; y el fundador del proyecto de divulgación científica, “Cenotes Urbanos”, Roberto Rojo, hicieron la entrega del paquete 11×4, en Chetumal, anunciaron el lanzamiento de una petición en la plataforma change.org, para obtener más firmas que den soporte a la aprobación de las iniciativas.
Ahí, el trío de activistas explicó que el objetivo común de las iniciativas es poner un alto al crecimiento descontrolado, establecer límites claros al desarrollo inmobiliario y asegurar que todos los proyectos —públicos o privados— se basen en estudios técnicos rigurosos que garanticen la sustentabilidad de los ecosistemas.
“No podemos seguir creciendo con base en ocurrencias, ni por caprichos de desarrolladores que quieren aumentar la densidad por hectárea o construir más pisos sin medir consecuencias”, señalaron.
Entre los principales problemas que se busca atender están:
- la falta de planeación en la expansión urbana
- la omisión sistemática de elaborar
- presentar estudios de movilidad, drenaje y capacidad de carga de los ecosistemas que permitan evaluar qué desarrollos son aptos y en dónde.
También se pretende detener la creciente degradación de los ecosistemas en la entidad.
Activistas recolectaron denuncias ciudadanas
Antonella Vázquez explicó que las propuestas nacen de un proceso ciudadano inédito: Durante los últimos meses, las y los activistas recorrieron municipios de Quintana Roo para dialogar con habitantes, recoger testimonios, constatar que los problemas no son exclusivos de Cancún y exponer el contenido de las iniciativas.
Las iniciativas presentadas no son improvisadas, ya que cuentan con fundamento técnico y legal, y buscan evitar que los proyectos —incluso los impulsados por el gobierno federal, como el Tren Maya— violen la normativa local o se ejecuten sin evaluación ambiental adecuada, se dijo.
Esto incluye casos como el reciente conflicto en Bacalar, donde la ciudadanía se movilizó para frenar obras irregulares por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que construye una “casa de descanso” para militares estresados en los márgenes de la Laguna de los Siete Colores y frente al Fuerte San Felipe.
La obra no se sometió a evaluación del impacto ambiental ni fue consensuada con la comunidad; tampoco presentó estudios de movilidad, ni atendió a lo establecido por un Atlas de Riesgo.
La entrega de las iniciativas en Chetumal, fue en simultáneo con una conferencia ofrecida en la Ciudad de México, por representantes del colectivo 11×4.
Las iniciativas recibieron su nombre con base en casos emblemáticos para la ciudadanía organizada, en su intento por frenar megaproyectos, desarrollos que contravenían las leyes o con procesos viciados de origen, que simularon cumplir con procedimientos legales y que, en suma, violentaron uno o varios derechos humanos, especialmente el Derecho a un medio ambiente sano, consagrado en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana.
Ley Tajamar
Esta iniciativa busca modificar la Ley de Asentamientos Humanos del estado para que sea obligatorio que los ayuntamientos cuenten con un Atlas de Riesgo y que éste sea la base para elaborar y actualizar los PDUs, con la finalidad de proteger ecosistemas como el manglar, los cenotes, los humedales y ríos subterráneos, ubicándolos.
Ley Pok Ta Pok
Esta ley versa sobre la insistencia de seguir fomentando el crecimiento urbano en zonas en donde la capacidad de carga de ecosistemas, servicios públicos e infraestructura, están rebasados por el crecimiento urbano acelerado, forzado y violatorio de procedimientos legales.
Y busca, con base en la sentencia mencionada, que se elaboren estudios de capacidad de carga para saber si es ambiental y socialmente seguro y pertinente, que se modifican usos de suelo o se alteran densidades para sacar adelante proyectos particulares.
“No queremos que se permitan más instrumentos de planeación urbana o cambios de uso de suelo si no hay un estudio de capacidad de carga ambiental que los respalden”, indicó Vázquez Cavedón.
Ley de Movilidad Sustentable
Esta reforma busca que todo instrumento de planeación esté acompañado de un plan de movilidad o de lo contrario, que sea declarado como ilegal.
Dicho plan de movilidad tiene por objetivo aumentar la eficiencia y seguridad de los desplazamientos de las y los ciudadanos, priorizando el transporte público y protección al peatón.
Ley Solimán
Esta propuesta pretende que se vincule la Ley de Asentamientos Humanos con el artículo del Código Penal, creando nuevos delitos como la falta de vigilancia por parte de autoridades a construcciones sin permisos y comercialización ilegal de las mismas, ya que se ha permitido se vendan casas en fraccionamientos irregulares que no han cumplido con las obras mínimas –drenaje, saneamiento, alumbrado–a ciudadanos quintanarroenses de buena fe.
Otro delito es la no ejecución de las fianzas correspondientes cuando un promotor urbano haya dejado una obra inconclusa.
También se propone que se obligue al Estado a reparar todos los daños que cause a la ciudadanía este tipo de delitos, incorporando un nuevo artículo en la Ley de Acciones Urbanísticas que reconoce la aplicación del régimen de responsabilidad patrimonial en materia de desarrollo urbano.
