La gobernadora de Quintana Roo, “Mara” Lezama rechazó que detrás del juicio contra Desarrollos Hidráulicos Cancún (DHC-Aguakan) medie la intención de contratar a otra empresa privada con la que su administración haya negociado previamente.
Entrevistada en Puerto Morelos, luego de inaugurar con la presidenta municipal, Blanca Merari Tziu, la reconstrucción del Muelle de Pescadores, Lezama Espinosa informó que se analizan en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), opciones para determinar cómo se brindará el servicio, de concretarse la salida de la concesionaria Aguakan.
La empresa opera desde 1993 en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres y desde 2014 en Solidaridad.
“Quiero aclarar, dejarlo sumamente claro: Este gobierno no extorsiona, no miente y no roba al pueblo y es una mentira total eso de ‘no, es que seguramente quieren quitarle la concesión y dársela a otro privado’.
“No, nosotros estamos trabajando de la mano, ahorita, con Conagua, hemos pedido ayuda para que nos diga qué sucederá en uno u otro panorama. Es un litigio, no estamos litigando en medios y este gobierno defiende al pueblo. Este gobierno no se vende”, expresó.
Grupo Acciona, empresa que, suponen, reemplazaría a Aguakan
Ocurre que la semana pasada, abogados de la empresa divulgaron que, presuntamente, el gobierno del estado buscaba presionarles para vender la concesión y activos de la empresa, a menor precio de su valor comercial y, al negarse, emprendieron un “acoso judicial”, para “despojarles” de la operación contratada mediante un contrato que se extendió de forma excepcional y anticipada en 2014, hasta el 2053.
La idea de finiquitar la concesión, según la versión de Aguakan, es otorgarla a otra empresa, que identificaron como el Grupo Acciona, consorcio español que cuenta con una división especializada en gestión del agua –Acciona Agua– que desarrolla soluciones para el tratamiento, suministro y desalación del agua de mar, mediante plantas especializadas.
Sobre estas aseveraciones, la titular de la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres, salió horas después a negarlo y aclarar que fue DHC la que presuntamente les ofreció la concesión y la propia empresa, a lo que se le respondió que no, que se buscaba concluir el contrato, al detectar una serie de irregularidades, que incluyen estudios que revelaron la contaminación del agua.
“Estamos trabajando con abogados, en lo financiero, lo que tiene que ver con el proceso legal y trabajando en ello, pero nada en ‘lo oscurito’, ni por debajo de la mesa, todo transparente y lo que tengamos que decir vamos a decirlo de frente”, sostuvo, Lezama Espinosa.
Al referirse a la demanda que interpusieron en 2024 contra Aguakan, la gobernadora calificó como “terrible” la ampliación que el gobierno de Roberto Borge otorgó en 2014 a la empresa Aguakan, para renovar anticipadamente la vigencia de la concesión, que terminaba en 2023, pero se extendió hasta 2053 a cambio de mil 055 millones de pesos, como contraprestación única.
“Lo que es el plazo que les otorgaron, que está terrible, que se las ampliaron en una fecha en la que no había necesidad. Ustedes saben perfectamente qué pasó y cómo pasó”, señaló.
Así fue la extensión de la concesión
De acuerdo con la demanda penal interpuesta, los titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo, y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado, Paula González, en la administración de Borge, firmaron un convenio el 05 de diciembre de 2014, aprobando la modificación de la concesión, para extenderla al 2053 e incluir en el servicio a Solidaridad, sin tener facultades para dicho acto.
A la firma le antecedió la solicitud de la compañía, el 10 de noviembre de ese año y luego la aprobación del Consejo de Agua Potable y Alcantarillado, en sesión del 12 de ese mismo mes, por lo que se acusa a los representantes de la empresa y a la concesionaria, de incidir para que los funcionarios involucrados –y también denunciados– incurrieran en una conducta presuntamente ilícita.
La titular del Ejecutivo del estado respondió que las investigaciones sobre estas actuaciones recaen en otras instituciones, pero afirmó que se realizan “a raja tabla”.
Agregó que cuentan con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien la semana pasada se pronunció a favor de que Aguakan entregue la concesión y de que el servicio de agua no sea privatizado, porque el acceso al líquido, es un derecho humano.
