Luego de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se decantara porque Desarrollos Hidráulicos Cancún- Aguakan (DHC) entregue al gobierno de Quintana Roo la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que posee en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad, la compañía aceptó concluir anticipadamente su contrato, pero a cambio de “una indemnización justa”.
“Estamos de acuerdo con el pueblo de Quintana Roo y con la gobernadora, de que entreguen la concesión, porque en realidad no se puede hacer negocio con el agua”, dijo Sheinbaum Pardo esta mañana, durante su conferencia.
Mediante un comunicado, la empresa –demandada penalmente por el gobierno estatal– se dijo dispuesta a concluir anticipadamente su concesión “siempre que el proceso se realice dentro del marco legal, de manera transparente y con una indemnización justa basada en la valuación del mercado”.
Recordó que hasta el 31 de diciembre ha invertido 8 mil 865 millones de pesos en infraestructura, aportado 8 mil 736 millones de pesos en contraprestaciones y derechos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y pagado 5 mil 824 millones de pesos en impuestos federales, además de sumar más de 5 mil millones de pesos en beneficio del estado.
Sobre el litigio que mantiene con la administración de la gobernadora, “Mara” Lezama, mencionó que la renovación anticipada de su concesión, en diciembre de 2014, fue aprobada por el Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), los cabildos de Cancún e Isla Mujeres y, por el de Solidaridad, que aprobó concesionarle el servicio.
En ese aval, participó también el Congreso local y el entonces gobernador, Roberto Borge.
La administración marista, a través de la Consejería Jurídica, sostiene precisamente que funcionarios estatales del gobierno borgista carecían de facultades para extender la concesión de forma anticipada al 2053, a cambio de una contraprestación “única y extraordinaria”, correspondiente al pago de mil 050 millones de pesos.
Ese dinero debió entrar a las arcas de la CAPA, pero fue desviado sin que su destino se esclareciera, según lo informado por el gobierno de Carlos Joaquín González, al que tocó revisar el tema heredado por Borge Angulo, interno en una prisión, vinculado a proceso por causas federales y locales.
Afores, en riesgo si Aguakan se vende
Aguakan señaló que un cambio de concesión podría afectar su capital social, conformado por Afores Sura, Banamex, Principal y Pensionissste, así como el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) de Banobras, lo que significa que los ahorros de 22.5 millones de trabajadores mexicanos están invertidos en la empresa.
Respecto a otro de los comentarios hechos por Claudia Sheinbaum, en torno al “abuso” que atribuye a la empresa, por sus elevadas tarifas, Aguakan aclaró que no fija los montos del servicio de agua potable y alcantarillado, ya que estas son establecidas por el gobierno de Quintana Roo, a través de la CAPA.
Y resaltó que aunque las tarifas son uniformes en todos los municipios, el servicio que la empresa ofrece en los municipios con la concesión, es “de mayor calidad, atención y cobertura”.
