El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) concluyó las propuestas para reformar de nueva cuenta la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación del Dominio de Quintana Roo, que fue modificada por el Congreso el pasado 14 de enero, derivado de una iniciativa presentada por la gobernadora, “Mara” Lezama.
El documento se entregará mañana, durante la reunión que se sostendrá con la titular de la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres, quien se comprometió hace dos semanas a analizar y turnar el proyecto de contrareforma a la XVIII Legislatura, para que sea analizada y votada.
Javier Olvera Silveira, presidente del organismo empresarial explicó que la ley les tomó por sorpresa por la celeridad con que fue presentada, aprobada casi de inmediato y publicada en el Periódico Oficial del estado.
Las suspicacias que ello provocó –dijo– los llevó a solicitar una audiencia, durante la cual se acordó que podrían presentar sus observaciones y propuestas para modificar nuevamente el marco normativo antes citado.
El empresario señaló que el sector empresarial realizó su propio análisis, con un equipo jurídico, y ya concluyeron con la propuesta, será presentada mána a Torres Gómez, ya que también existe interés en colaborar con la construcción del reglamento de la ley que servirá para determinar el proceso de expropiación que utilizará el gobierno estatal con los predios privados.
“La ley no tiene reglamento entonces le faltaría ser más específico de en qué cosas y en qué situaciones la expropiación se puede dar”, dijo Javier Olvera Silveira.
Parte de los cambios que de manera general busca el sector empresarial es definir con más detalle las causas de utilidad.
Si bien están de acuerdo en que el gobierno estatal expropie terrenos para la construcción de obras carreteras, hospitales, escuelas y proyectos de inversión pública, consideran que es necesario hacer una reducción de las mismas.
También es necesario –señaló– precisar en la ley a qué se refiere el gobierno cuando señala que busca expropiar por el tema de “bienestar social y prosperidad compartida”, pues es un término ambiguo, que puede prestarse a interpretaciones de abuso que solo el gobierno puede aplicar y deja en desventaja a los dueños de los terrenos.
Además de otros aspectos relevantes como que se permita desde la Consejería Jurídica, el ente que se encargará de todo el proceso de expropiación, que las personas afectadas o dueñas de los terrenos puedan emitir avalúos privados para conseguir pagos o indemnizaciones a precios justos.
