Luego de sostener hoy una reunión con la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE) dieron a conocer que pactaron con las autoridades presentar una propuesta de modificación a la Ley sobre Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación del Dominio del estado, que fue aprobada hace dos días.
A través de un comunicado de prensa, la organización, que congrega a 33 asociaciones empresariales, informó que sus representantes dialogaron con la secretaria de gobiero, Cristina Torres Gómez, con quien llegaron a acuerdos.
“Como resultado de este diálogo constructivo, se alcanzó el acuerdo de que el sector empresarial participará en la elaboración de una propuesta de modificación a la propia ley en sus diferentes áreas de oportunidad de mejora en el entendimiento y aplicación de la misma, así como un reglamento, asegurando que esta sea inclusiva, transparente y acorde con las necesidades de todos los actores involucrados”, indica el escrito.
El CCE se dijo agradecido porque sus inquietudes fueron escuchadas, debido a que buscan el equilibrio entre los intereses públicos y privados, para garantizar “la certeza jurídica para los inversionistas y la promoción del desarrollo sostenible en el estado”.
Ley de expropiación en Quintana Roo les tomó por sorpresa: Lemus
El presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios en Cancún, Miguel Ángel Lemus Mateos, admitió que les “tomó por sorpresa” la aprobación de la Ley sobre Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación del Dominio del estado, lo que les impidió analizar previamente sus planteamientos e implicaciones.
El nuevo mandato permite al gobierno estatal la toma de posesión de terrenos privados bajo una declaratoria de “causa de utilidad pública”, con la finalidad de desarrollar obras o proyectos de inversión.
“Precisamente eso es lo que la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Quintana Roo pretende, con su constitución, adelantarse a este tipo de nuevos ordenamientos que nos toman por sorpresa y no nos dan tiempo de estudiar, analizar y dar una opinión calificada.
“Nosotros como asociación vamos a exhortar al Congreso, que nos manifieste cuando hay una iniciativa para que la estudiemos con tiempo como sociedad civil organizada y podamos emitir una opinión sustentada”, expresó el empresario inmobiliario, cuya asociación congrega a un promedio de 70 desarrolladores dentro de los sectores industriales, comerciales y habitacionales.
Para matizar, indicó que cualquier modificación al marco legal, en su opinión, “genera incertidumbre, no exageremos la nota”; y señaló que ese tipo de ley ya existe, pero omitió especificar que su esfera de acción se circunscribía a la federación.
Ahora, la legislación local da facultades y competencias al estado para expropiar terrenos cubriendo algunas especificaciones, entre ellas, que se fundamenten las razones para llevar a cabo la expropiación, con un beneficio público; que se publique la declaratoria de “utilidad pública” en el Periódico Oficial del estado e incluso en un periódico impreso de mayor circulación; y que se notifique al particular.
¿Qué propone la Ley de Expropiación en Quintana Roo?
Conforme a lo publicado por Newsday Caribe, la Consejería Jurídica de Quintana Roo podrá expropiar terrenos para la ampliación, prolongación, alineamiento o mejoramiento de calles, carreteras, calzadas y vías de acceso que mejoren la movilidad.
También para la ampliación o mejoras en plazas, parques, jardines, mercados, instalaciones deportivas, hospitales, oficinas públicas, escuelas, cementerios, oficinas públicas, obras de agua potable y alcantarillado, áreas para la colocación de estaciones destinadas a la seguridad pública, para obras de servicios públicos y hasta para crear nuevas áreas para reservas ecológicas.
“Yo veo que en este gobierno hemos tenido muy buenos resultados en materia de obras de infraestructura”, señaló.
Lemus Mateos indicó que los planes de inversión de los tres órdenes de gobierno para obra pública, “muchas veces se ve entorpecido porque precisamente la propiedad privada incide en las obras de infraestructura.
Mencionó el caso de la concesionaria Aguakán, con la que –dijo– “se tienen muchos problemas”, porque reclama “ciertos derechos”.
El empresario no quiso ahondar en el tema que él puso en la mesa, pero consideró que el gobierno debe “tomar decisiones” para expropiar.
Citó además los casos de proyectos estratégicos como el Tren Maya, el bulevar Luis Donaldo Colosio, enfrentaron obstáculos hasta que se realizó la expropiación de grandes extensiones de terreno, para lo que llamó “un bien común”.
“Lo mismo viene para la inversión hacia Isla Blanca. O sea, Cancún-Isla Blanca va a generar un derecho de vía, un derecho de paso que a lo mejor se van a oponer y pues, que nos disculpen pero, con esta ley tendrán que ver por el beneficio de todo Quintana Roo.
“Esa vialidad viene a darnos totalmente un nuevo polo de desarrollo sustentable y para hacerlo sustentable existen este tipo de leyes que nos van a agilizar todo lo que sea infraestructura de agua potable, drenaje, vialidades y andadores correspondientes para conectar el destino”, expresó.
Ley de Expropiación en Quintana Roo no es un “cheque al portador”: Segob
Al respecto, Cristina Torres explicó que la nueva Ley es garantista y constitucionalmente sólida, mientras que la anterior estaba obsoleta y no explicaba de manera clara la “utilidad pública”, lo que generaba confusión.
A través de un comunicado de prensa, insistió en que, de ninguna manera, se trata de un “cheque al portador” o un “traje a la medida”, sino que incrementa la certidumbre sobre los derechos de propiedad y clarifica que deberán entenderse por utilidad pública proyectos como hospitales, escuelas, parques industriales, etc.
Resaltó que, con la nueva Ley, ahora la autoridad debe demostrar que la expropiación es la única opción viable y que el bien común justifica la afectación al propietario quien contará con un procedimiento claro de expropiación, asegurando una compensación justa.
Detalló que esta Ley forma parte de la actualización de marco normativo de hace casi 50 años y precisó que en el Estado no hay proyectos expropiatorios en curso.
