Un total de 40 niñas y niños, de entre recién nacidos y hasta los 12 años, se encuentran actualmente bajo la protección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Solidaridad. Estos menores, en su mayoría víctimas de abandono, violencia intrafamiliar o afectados por el consumo de sustancias por parte de sus padres, son un legado de la administración municipal anterior. Jesús Rolando Rodríguez, quien recientemente asumió el cargo como director del organismo, informó que continúan los procesos de revisión para garantizar los derechos de estos niños, en coordinación con la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes.
Rodríguez señaló que el objetivo primordial es revisar y resolver la situación jurídica de los menores, y en algunos casos, buscar a sus familiares para que puedan retomar la custodia, en un esfuerzo por reintegrarlos a entornos seguros y estables.
En la administración pasada, esta labor fue uno de los puntos clave, al derivar incluso en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que permitió el desmantelamiento de una red de trata de menores. Los niños, originarios principalmente de Chiapas, habían sido traídos a Playa del Carmen bajo falsas promesas de trabajo y un mejor futuro. En lugar de ello, eran obligados a vivir en condiciones de hacinamiento, y fueron descubiertos trabajando en la famosa Quinta Avenida, gracias a un operativo del DIF.
En este contexto, el nuevo director reafirmó el compromiso de la institución para continuar con las investigaciones y el seguimiento de cada caso, garantizando que se respeten los derechos de los menores y se busquen soluciones adecuadas para su bienestar.
Pendiente la construcción de la Casa Hogar del Adulto Mayor
Además de los menores resguardados, Rodríguez también habló sobre otro de los proyectos pendientes: la construcción de la Casa Hogar del Adulto Mayor. Este proyecto, iniciado en la administración anterior, no ha podido avanzar debido a problemas legales con el predio destinado a su edificación, el cual es propiedad del Gobierno del Estado. La falta de un acuerdo formal de comodato ha impedido que se puedan invertir recursos y avanzar con las obras, ni siquiera se ha colocado la primera piedra.
“Estamos en proceso de revisión de todos los proyectos pendientes que dejaron, verificando que todo esté jurídicamente correcto. No podemos invertir recursos en predios cuya situación legal no esté resuelta”, indicó Rodríguez.
El funcionario subrayó que la instrucción es clara: se deben resolver estos problemas legales antes de proceder con la ejecución de cualquier obra, para poder destinar los recursos de manera segura y garantizar que los proyectos, como el de la Casa Hogar del Adulto Mayor, se lleven a cabo conforme a la ley.
Con estas acciones, el DIF Solidaridad se encuentra en una etapa de evaluación y ajuste, trabajando tanto en la protección de los menores bajo su resguardo como en la revisión de proyectos cruciales para el bienestar de la comunidad, con la intención de garantizar que se atiendan las necesidades más urgentes y se respeten los derechos de los grupos más vulnerables.
