El diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos del Congreso de Quintana Roo, Hugo Alday Nieto, declaró que no existe sustento jurídico que impida la aprobación de la iniciativa ciudadana conocida como 11 x 4, que comprende cuatro reformas al marco legal del estado y advirtió que, de haber resistencias persistirá la incertidumbre jurídica, ya que continuarían los juicios de amparo en materia de desarrollo urbano.
“En esencia es imposible que no vayan a trascender y que no vayan a pasar”, afirmó el legislador, quien subrayó que, al haberse originado a partir de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no existen elementos que justifiquen su rechazo.
¿Qué es la iniciativa 11×4?
“11×4” consiste en un cuarteto de iniciativas presentadas por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), con sede en Cancún, para reformar el marco legal, a fin de garantizar que la planeación urbana se base en la información de los Atlas de Riesgo, los estudios de capacidad de carga y los planes de movilidad.
Las iniciativas –bautizadas como Ley Tajamar, Ley Pok Ta Pok, Ley Solimán y Ley de Movilidad Sustentable– fueron presentadas al Congreso el pasado seis de mayo, buscan modificar la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, la Ley de Acciones Urbanísticas y el Código Penal del estado, con base en la sentencia 995/2023, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito, en mayo del 2023, con relación al Programa de Desarrollo Urbano de Cancún (2022-2030).
Iniciativa 11×4 en Quintana Roo: Proceso legislativo en marcha
En entrevista, Alday Nieto recordó que el procedimiento legislativo ya está en marcha. Al tratarse de iniciativas impulsadas desde la sociedad civil organizada, el paquete de iniciativas tuvo que pasar el filtro ante la Comisión de Participación Ciudadana, donde se hicieron revisiones, observaciones y se solicitaron correcciones a los promoventes.
Tras subsanar los faltantes, fueron turnadas a la Unidad de Transparencia para el resguardo de datos personales de las y los ciudadanos.
Posteriormente, se remitirán a la Comisión Permanente del Congreso para darles lectura y, según el legislador, es previsible que sean canalizadas a la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos o a Comisiones Unidas para su análisis, estudio y dictaminación.
La postura del diputado Hugo Alday sobre las reformas
“Personalmente ya la vi. Creo que no hay nada escondido bajo la mesa, esto es lo que se debe hacer (votar a favor). En caso de que no se haga, seguirán promoviendo juicios de amparo y estarán tirando desarrollos en lo futuro.”
“Creo que evitar que suceda esto y plasmarlo como ya lo establecen los tribunales federales en la ley, creo que es lo que debe proceder”, expresó.
Participación del sector público y privado
En paralelo, informó que se ha convocado a representantes del sector público y privado, como la Cámara Nacional de la Vivienda (Canadevi), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y de Valuadores.
El objetivo, que en el momento de la revisión de las iniciativas, participen. Actualmente, se sostienen ya reuniones para las Mesas Técnicas en las que se revisan diversos temas, entre los que entrarían este de “11×4”.
Programa piloto de regularización en Isla Mujeres
Alday Nieto adelantó que se está retomando un plan piloto de regularización de tierras que incluye 80 colonias irregulares en la zona continental de Isla Mujeres.
“De inicio, la importancia de Isla Mujeres es por el interés que ha puesto la presidenta municipal (Atenea Gómez), ella fue la primera que nos buscó, que convocó para que a través del Congreso del estado y la Comisión se pudiera hacer otra vez este acercamiento de autoridades; esta semana va a ser la quinta reunión de trabajo que tenemos con todos ellos”, detalló.
Certeza jurídica a través de convenios
El programa busca generar certeza jurídica a través de convenios entre municipios y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), que permitirán otorgar títulos de propiedad y regularizar estos sitios como una condición necesaria para que el ayuntamiento pueda intervenir y dotar de servicios públicos.
“Antes se entregaba el título, pero la calle seguía siendo de alguien más, y el municipio seguía sin posibilidad de invertir. Lo que buscamos con esto es que también se entreguen las calles”, expuso.
Actualmente, se encuentra en revisión jurídica el convenio de colaboración con el Insus –que ha modificado sus reglas de operación– y se espera su firma en breve.
A partir de entonces, el programa contempla una duración estimada de entre ocho y nueve meses para realizar las primeras entregas de títulos. El objetivo es concluir el proceso en las 80 colonias antes del término de la actual administración municipal.
Limitaciones del programa de regularización
El legislador aclaró que no todas las colonias irregulares del estado pueden ser atendidas, ya que en algunos casos se trata de terrenos nacionales, propiedades privadas o invasiones, en las cuales no es posible intervenir.
Además, la contabilización varía según la naturaleza jurídica de cada asentamiento y de la institución que los registra.
A la fecha, no se ha definido qué municipios seguirán después de Isla Mujeres, aunque se busca replicar el modelo a través de una mesa de trabajo coordinada por el Congreso del estado con participación de autoridades federales, estatales y municipales.
