Al pronunciarse en contra de la privatización del agua, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se manifestó a favor de que Aguakan entregue la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, que posee hasta el año 2053.
“Nosotros no estamos de acuerdo con la privatización del agua, eso es lo primero; consideramos que no es la opción para acceder al derecho humano al agua.
“Durante un periodo se puso, en algunos estados de la República, de moda privatizar los servicios municipales, bajo la idea de que el privado hace mejor las cosas que el público. Esta concepción neoliberal sugería que el servicio sería mejor, pero eso no ocurrió prácticamente en ningún estado”, dijo durante su conferencia de hoy.
Tarifas elevadas y abusos
Sheinbaum señaló que la concesionaria incurre en un “abuso” al cobrar tarifas elevadas —aunque cabe aclarar que las tarifas las impone el Congreso de Quintana Roo, no la empresa—, lo que violenta el derecho humano al agua.
“Particularmente en Cancún, es un abuso lo que ha estado haciendo esta empresa. Ni cumplen con el derecho humano al agua, pero sí cobran las tarifas como quieren.
“Entonces estamos de acuerdo con el pueblo de Quintana Roo y con la gobernadora, de que entreguen la concesión, porque en realidad no se puede hacer negocio con el agua”, expresó.
Gracias presidenta @Claudiashein por su respaldo al gobierno y al pueblo de Quintana Roo en nuestra lucha por el derecho humano al agua. Su clara posición en contra de la privatización de este vital líquido refleja un firme compromiso con la justicia social. pic.twitter.com/PQkMP2JQo6
— Mara Lezama (@MaraLezama) February 26, 2025
El agua como derecho humano
La titular del Ejecutivo federal expuso que el agua es un derecho humano y que la gente paga por el servicio de agua potable, por llevar el agua de un lugar a otro, ya que eso tiene un costo.
“Pero privatizarla para que haya ganancias para un privado, bajo el supuesto de que va a operar mejor, en realidad no ha funcionado y no tiene sentido”, afirmó.
Demanda penal contra Aguakan
Sheinbaum también se refirió a la demanda penal que interpuso la Consejería Jurídica de Quintana Roo en contra de la concesionaria, dos representantes de la empresa e incluso exfuncionarios del gobierno del estado.
Como lo dio a conocer NewsDay Caribe, el pasado 19 de febrero, la denuncia se presentó ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda, que forma parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Esta fiscalía indaga delitos financieros de alto impacto que afectan la economía de México.
El próximo 3 de marzo se llevará a cabo la audiencia inicial para la formulación de imputación de delito en contra de los representantes de la compañía, quienes tendrán que presentarse ante un Juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en Cancún.
Estos directivos comparecerán bajo los efectos de una suspensión provisional, concedida por un juez ante el cual promovieron un amparo, lo que impide su detención y les permite comparecer a la audiencia en libertad.
Acusaciones del gobierno de Quintana Roo
El actual gobierno de Quintana Roo alega que los funcionarios públicos que firmaron en diciembre de 2014 un convenio de prórroga anticipada de la concesión hasta 2053, incluyendo por primera vez a Solidaridad para concesionar el servicio de agua, “carecían de facultades legales para suscribirlo y gestionar el cumplimiento de las condicionantes”.
Además, acusa a los apoderados de Aguakan y a la propia empresa de promover “la alegada conducta ilícita de los servidores públicos, presuntamente cometiendo el delito de promoción de conductas ilícitas”.
Cabe señalar que, como parte de la extensión de la concesión hasta 2053, la empresa pagó una contraprestación “única y extraordinaria” al gobierno, entonces encabezado por Roberto Borge, de 1,050 millones de pesos.
La Consejería Jurídica sostiene que incluso se configura el probable delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocido como lavado de dinero.
Posición de Sheinbaum y Aguakan
“Que siga todo el litigio, y lo mejor para la empresa sería entregar la concesión”, sostuvo Sheinbaum sobre el conflicto legal entre la concesionaria y el gobierno quintanarroense.
Por su parte, Aguakan ha negado las acusaciones, afirmando que la ampliación de la concesión en 2014 se realizó de manera transparente y conforme a la ley, incluyendo la aprobación del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), los cabildos municipales y el Congreso del Estado.
La empresa considera que la gobernadora Mara Lezama ha sido “mal informada sobre los hechos” y ha manifestado su disposición al diálogo para encontrar soluciones legales en beneficio de los habitantes de Quintana Roo y de sus inversionistas.
Arbitraje internacional
Además, el pasado 23 de febrero, este portal periodístico reveló que Aguakan ha recurrido a un arbitraje internacional para defenderse.
El abogado de Aguakan, José Zapata, informó que a partir de abril de 2024 abrieron un procedimiento ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), para que funja como mediador imparcial entre las partes y organice los fundamentos legales.
La empresa subraya que ha dado cumplimiento al contrato de concesión y ha garantizado el acceso al agua, con una inversión de 8,223 millones de pesos en infraestructura en la región. Además, advierte que la revocación de la concesión pone en riesgo recursos de 22.5 millones de trabajadores mexicanos que participan en su capital a través de diversas Afores y del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).
