En los tres primeros meses de 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó 19 proyectos de extracción de materiales pétreos, específicamente de piedra caliza, que es característica de la región en cinco municipios de Quintana Roo, algunas usadas para dar apoyo al Tren Maya y otras para comercializar.
Todos estos bancos mineros en el estado fueron ingresados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde abril a junio de 2024, pero fue hasta el primer trimestre de 2025 que las autoridades ambientales federales autorizaron todas las obras que solicitaron los militares en Quintana Roo.
La mayoría de los bancos de extracción de materiales pétreos fueron colocados en la zona maya, pues al menos 11 de los 19 proyectos están en Felipe Carrillo Puerto, tres más en Playa del Carmen, dos en Tulum, uno en Bacalar, uno en Othón P. Blanco y uno más en Benito Juárez.
De acuerdo con la Semarnat todos los permisos otorgados a la Sedena para operar los bancos pétreos solo estarán vigentes durante un año, pues se cambiaron los usos de suelo en terrenos forestales que antes era selva mediana.
Además en varios de los proyectos en la zona maya de Quintana Roo, los terrenos para extraer piedra caliza fueron donados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La Sedena aclara que en varios de los terrenos ocupados, la extracción de materiales pétreos ya se realizó pues avanzaron en la perforación de terrenos a través de permisos provisionales, en lo que esperaban la autorización anual de la Semarnat.
Esto implica que la institución militar no se apegó al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) a que obliga la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), sino iniciaron la extracción antes de contar con la debida autorización, con base en el Acuerdo que lanzó en noviembre de 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que permite saltarse la legislación, invocando permisos provisionales.
En una consulta realizada por NewsDay Caribe a los permisos obtenidos, se observó que algunos de los predios en Felipe Carrillo Puerto, donde se encuentra la mayoría de las minas superficiales, se utilizaron 25 millones de pesos solo para abrir un solo terreno de materiales pétreos, algunos de ellos ocupados para las obras del Tramo 6 del Tren Maya.
Mientras que otros proyectos de extracción tuvieron un costo de 15 millones de pesos como en Tulum, en superficies de hasta 16 hectáreas. Para uno de los bancos más grandes, ubicado en Felipe Carrillo Puerto, en la comunidad de Chunyaxché, se ocuparon más de 59 hectáreas de selva media para el desarrollo del terreno minero que costó 90 millones de pesos en inversión.
Quintana Roo con riqueza en el subsuelo para la industria de la construcción
Mientras la Sedena ocupa los terrenos de Quintana Roo para obras de extracción de piedra caliza, aún se encuentra vigente una demanda internacional que involucra a Vulcan Materials también conocido como Calica, una empresa que pertenece a empresarios de Estados Unidos, que realizaba extracción de piedra caliza para exportar al extranjero.
En septiembre de 2024, el Gobierno Federal, con López Obrador al mando, aprobó una nueva área de protección de flora y fauna que nombraron Felipe Carrillo Puerto, con una extensión de 53 mil 227 hectáreas de territorio que colinda con Solidaridad, Cozumel y Tulum.
De acuerdo con las autoridades ambientales, se convirtió en Área Natural Protegida para conservar la selva y humedales costeros que son característicos de la región.
Dentro de esa poligonal, entraron los terrenos de Vulcan Materials, por lo que ya no tienen permitido extraer el material pétreo para exportación y actualmente se disputa una un proceso de arbitraje dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México.
