| En Newsday Caribe creemos en la importancia de abrir espacios a voces responsables, con prestigio y compromiso social. Por ello, recibimos con entusiasmo las aportaciones de la Presidenta de la Comisión Jurídica y de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios, Nora Leticia Cerón González, convencidos de que sus colaboraciones enriquecerán la conversación pública y contribuirán a fortalecer un periodismo serio, responsable y comprometido con sus lectores. |
Recientemente se publicó la reforma electoral que crea un mecanismo preventivo de verificación de integridad para las personas que aspiren a una candidatura a un cargo de elección popular. Esta reforma presenta retos y desafíos que enfrentarán el Instituto Nacional Electoral (INE) y las instituciones partidistas al aplicar este mecanismo; sin embargo, antes es necesario comprender cuál es su propósito central, el cual es muy claro: que los partidos políticos cuenten con información objetiva, suficiente y oportuna para decidir si postulan o no a una persona que aspira a ser candidata. Por ello, les comparto una reflexión sobre el objetivo de esta reforma.
La reforma crea una comisión de carácter permanente dentro del INE: la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, la cual coordinará el intercambio de información con la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas instancias establecerán la metodología y los criterios para realizar las evaluaciones de riesgo y, con base en ello, determinarán la existencia de un riesgo razonable a partir de información indiciaria, lo que permitirá presumir que la persona evaluada está relacionada con actividades delictivas.
El objetivo de esta comisión no es sustituir a las autoridades ministeriales o judiciales para investigarlas o sancionarlas, sino identificar riesgos razonables antes del registro de las candidaturas.
Lo interesante de este mecanismo es que será preventivo, voluntario, confidencial y respetuoso de la presunción de inocencia, del debido proceso y de los derechos humanos.
Ahora bien, mucho se ha cuestionado si este mecanismo coadyuva con los partidos políticos para que seleccionen perfiles íntegros, confiables e idóneos para contender por cargos públicos.
En mi opinión, así es. Considero que lo positivo del mecanismo radica en que incentiva a los partidos políticos a postular personas con probidad, honestidad e integridad; fomenta procesos internos de selección más cuidadosos en la evaluación de sus aspirantes; genera confianza ciudadana cuando las candidaturas se eligen con criterios de integridad; dota a los partidos de herramientas objetivas y formales para valorar perfiles; e inhibe la participación de personas vinculadas con actividades ilícitas o con el crimen organizado.
Por otro lado, su implementación podría no ser plenamente eficiente. Esto se debe a que algunas personas que realizan actividades ilícitas no dejan huella del dinero en el sistema financiero; no cuentan con expedientes en la Fiscalía General de la República; o bien, no son quienes ejecutan directamente las transacciones monetarias. Por lo tanto, ni el Centro Nacional de Inteligencia, ni la Unidad de Inteligencia Financiera, ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lograrán detectar movimientos irregulares; en consecuencia, estas personas podrían no ser consideradas de riesgo razonable.
No obstante, el simple hecho de saber que ahora existe una comisión que verifica la integridad de las candidaturas hará que más de una persona reflexione sobre su posible participación en la búsqueda de una candidatura política. Esto provocará que quienes se encuentren relacionados con actividades ilícitas o con el crimen organizado lo valoren no una, sino dos o incluso tres veces, generando así un efecto inhibitorio.
Además, debemos celebrar que se ha dado un primer paso; hay que reconocerlo. Desde luego, esto representa retos y desafíos para el INE, ya que la comisión deberá contar con recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para llevar a cabo sus actividades de manera eficiente y exhaustiva. Será fundamental que la verificación sea percibida como imparcial y libre de sesgos partidistas y, además, que garantice la protección de datos personales y el derecho a la privacidad de las candidaturas.
Aunque los retos son significativos, estoy segura de que esta reforma representa una oportunidad para mejorar la calidad democrática en México, ya que busca fortalecer la ética pública y, sobre todo, la confianza ciudadana en las candidaturas.
Su impacto positivo radica en que permitirá identificar perfiles, reducir riesgos y contribuir a una mayor legitimidad electoral, todo ello sin vulnerar la presunción de inocencia ni el debido proceso.
Estoy convencida de que, una vez más, el Instituto Nacional Electoral logrará alcanzar ese enfoque integral, participativo y transparente que permite consolidar nuestro sistema electoral para que cada día sea más justo y confiable.
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