Entre diciembre de 2024 y abril de 2025, autoridades de seguridad en Quintana Roo desactivaron 31 cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización en espacios públicos. Esta práctica representa un riesgo potencial para la privacidad de la ciudadanía y para la integridad de las investigaciones oficiales.
Las acciones fueron encabezadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C4), la Policía Municipal y elementos del Grupo Centurión.
Municipios donde se retiraron cámaras
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo (SSC):
Othón P. Blanco
El 26 de diciembre, elementos policiacos retiraron tres cámaras no registradas en Chetumal: dos estaban en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la colonia Plutarco Elías Calles, y una más en un poste de alumbrado público en la colonia Marsella.
El 20 de febrero, en el tramo carretero Chetumal–Ruiz Echeverría, se desactivaron dos dispositivos más, colocados en árboles. En total, se han retirado cinco cámaras en Othón P. Blanco.
Tulum
El 17 de febrero, en el tramo carretero Tulum–Cobá, las autoridades localizaron y desmontaron ocho cámaras no autorizadas, instaladas en postes y árboles, sin permisos oficiales.
Playa del Carmen
El 10 de abril, durante un operativo reciente en Playa del Carmen, elementos de la Policía Municipal, en conjunto con personal del C4 y del Grupo Centurión, retiraron 18 cámaras sin autorización instaladas en distintas zonas del municipio.
Riesgo a la privacidad y a la legalidad
La Secretaría de Seguridad Ciudadana subrayó que estos dispositivos fueron colocados sin registro alguno, lo cual contraviene los lineamientos legales para el uso de infraestructura pública.
La instalación de cámaras de videovigilancia en postes, árboles o infraestructura municipal requiere autorización formal y registro ante las autoridades correspondientes. De lo contrario, pueden representar una amenaza para la privacidad de las personas y obstaculizar investigaciones oficiales.
“Las cámaras sin autorización no solo representan un riesgo para la intimidad de los ciudadanos; también pueden utilizarse con fines distintos a los establecidos por la ley, incluyendo actividades ilícitas o de vigilancia indebida”, advirtió la dependencia.
Las autoridades continuarán con recorridos y operativos de verificación en todo el estado para detectar y desmantelar instalaciones no autorizadas. La SSC exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier cámara sospechosa o instalación irregular en la vía pública.
