La nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo asumió oficialmente las funciones que tenía el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo). Actualmente, se encuentra en un proceso de reestructura institucional, que incluye la reducción de su cartera de funcionarios, dejando fuera a altos mandos y directores para optimizar su operación.
Reyna Arceo Rosado, titular de la dependencia, explicó que el Instituto fue absorbido por la antes llamada Secretaría de la Contraloría, la cual cambió su nombre a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Incremento en la transparencia y supervisión ciudadana
Con esta modificación, también aumentaron los indicadores de transparencia y los sujetos obligados a revisión, incluyendo el trabajo colaborativo con los 11 municipios del estado.
Estos cambios se derivan de reformas aprobadas a nivel federal, por lo que Quintana Roo deberá esperar la publicación de las Leyes Secundarias, que establecerán el funcionamiento de los organismos autónomos absorbidos, para luego replicar el proceso a nivel local.
Mientras tanto, la dependencia está en fase de reestructura, y la siguiente etapa será la creación de un Consejo de Supervisión, integrado tanto por funcionarios de gobierno como por ciudadanos.
“Nosotros vamos a integrar este Consejo con la ciudadanía, no podemos ser juez y parte, porque la ciudadanía es realmente la que nos va a estar vigilando y supervisando”, declaró Reyna Arceo.
La funcionaria destacó que la Secretaría tendrá nuevas obligaciones en materia de transparencia, fortaleciendo la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos.
Despidos y recorte de altos mandos
Uno de los cambios más significativos será la reducción de personal. El extinto Idaipqroo contaba con 62 colaboradores, quienes actualmente están al servicio de la nueva Secretaría. Sin embargo, con la reestructura, se prevé el despido de altos mandos y jefes de área, basándose en el catálogo de puestos del gobierno estatal.
“Estamos analizando, pero lo que sí vamos a hacer es que los niveles altos prácticamente quedan fuera, porque nosotros seremos los responsables del órgano garante del Ejecutivo”, afirmó la titular de la Secretaría.
Con su nueva estructura en marcha, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno operará con un presupuesto de 53 millones de pesos. Se espera que a finales de febrero se publique la ley secundaria a nivel federal, lo que permitirá avanzar en la conformación del Consejo de la Secretaría y en la implementación de los cambios estructurales a nivel estatal.
