Cuatro partidos políticos de Quintana Roo fueron integrados al Registro Estatal de Personas Sancionadas por infringir las reglas electorales locales. Todos permanecerán en la lista durante cuatro años, confirmó el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).
Resolución del Tribunal Electoral
La resolución fue emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) el pasado 30 de enero de 2025. La autoridad determinó que existían suficientes elementos para sancionar a los partidos, y el Ieqroo aplicó las sanciones este 14 de febrero de 2025.
Los partidos sancionados son el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Todos fueron incluidos en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Infracciones a la Normatividad Local en Materia Electoral, bajo el expediente RAP/001/2025.
Motivo de las sanciones
De acuerdo con el Ieqroo, los cuatro partidos incumplieron el artículo 209, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Esta norma establece que los partidos políticos y coaliciones, tanto locales como nacionales, deben presentar un informe detallado sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral para precampañas y campañas, una semana antes de su inicio.
En este informe, los partidos deben incluir los nombres de los proveedores contratados. Si utilizaron propaganda impresa (papel, cartón o plástico), también deben especificar a quién contrataron y en qué distritos se distribuyeron los materiales.
Además, están obligados a notificar cualquier cambio y aplicar un plan de reciclaje para todo el material distribuido en los municipios donde realizaron campaña.
Contexto electoral
En el Proceso Electoral Local 2024, los partidos políticos participaron en la elección de la presidencia de la República, senadores, diputados federales, 11 presidencias municipales y 25 integrantes del Congreso de Quintana Roo.
Durante esta etapa, todos los partidos realizaron campañas y utilizaron recursos públicos para comprar publicidad y organizar mítines políticos. Sin embargo, están obligados a transparentar cada compra y gasto realizado, de lo contrario, enfrentan sanciones por parte de las autoridades electorales.
