Hoy se presenta en Chetumal el esperado plan estratégico de movilidad, un anuncio que genera expectativas y, al mismo tiempo, escepticismo.
El gobierno del estado, encargado de la presentación, pretende arrancar con una prueba piloto de rutas y horarios que, sin duda, es un importante primer paso.
Pero esta prueba solo tendrá sentido si se abordan de raíz los problemas que han condenado al transporte urbano a una serie de fracasos en los últimos años.
Recordemos que desde 2014 hasta 2017, al menos tres operadores intentaron mantener el servicio de transporte urbano en Chetumal (Bahía S.A., Jet Van Car e Investicora) y todos ellos fracasaron.
¿Por qué?
La respuesta es compleja, pero hay elementos claros: competencia desleal, tarifas no rentables, falta de garantía para recuperar la inversión.
Uno de los principales obstáculos ha sido la competencia con las rutas de las combis, propiedad del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (SUCHAA).
Y es que el transporte urbano es competencia directa del municipio, pero en la ciudad, las combis que operan, por cierto sin mucha vigilancia, son concesiones otorgadas por el gobierno del estado.
Esta doble autoridad ha generado una saturación en el mercado que limita la viabilidad económica de las empresas de transporte urbano.
Además, la tarifa tendrá que ser suficiente para cubrir costos y garantizar un servicio de calidad.
Sin un margen de ganancia real, ninguna empresa privada estará dispuesta a invertir en un servicio que requiere unidades modernas, mantenimiento, y salarios dignos para los operadores.
Para que el plan estratégico funcione se deberá garantizar una inversión sólida y comprometida por parte de una empresa privada, lo cual pasará solo cuando sea posible recuperar dicha inversión.
La pregunta es si la administración de Yensunni Martínez, la cual está próxima a su fin, será capaz de pensar en una concesión a largo plazo.
¿Y el Congreso? porque nadie lo dice pero las diputadas y diputados son en gran medida los responsables de que Chetumal no cuente con el servicio.
Fue el Congreso que en el pasado se negó a ratificar una concesión del servicio de transporte urbano más allá de los 3 años, haciendo prácticamente imposible recuperar la inversión en camiones nuevos que exigió, en su oportunidad, el contrato firmado con el municipio.
Por ello, será de suma importancia que todos los actores estén dispuestos a hacer su parte porque, de lo contrario, cualquier plan estratégico será otro experimento condenado al fracaso.
