Al abordar el conflicto legal que mantiene con Desarrollos Hidráulicos Cancún (DHC-Aguakan), la gobernadora de Quintana Roo, “Mara” Lezama Espinosa, pidió que no se ponga a su administración “en la misma cubeta” y dijo que si otros gobiernos “no tuvieron los pantalones” para defender los intereses ciudadanos, el que ella encabeza, sí.
“Este es un gobierno diferente, que quede claro; este es un gobierno que defiende a la gente. Si otros gobiernos no tuvieron los pantalones para defender al pueblo, que no nos pongan en la misma cubeta”, afirmó, durante su emisión semanal denominada “La Voz del Pueblo”.
Lezama Espinosa aseguró que su gobierno “no se vende”, “no hacemos reuniones en lo oscurito” y aclaró que si bien las tarifas por el servicio de agua las fija el Congreso, es la empresa la que decide cuánto y cuántos metros cúbicos cobra, por lo cual hay dudas sobre si lo que aparece en los recibos es el monto real a pagar por consumo del agua.
Al agradecer el respaldo recibido en el tema, por la presidenta, Claudia Sheinbaum, expuso que las quejas contra la concesionaria son numerosas, ya sea porque consideran que el servicio ofrecido no es eficiente ni de calidad; que los recibos cada vez son más caros que la cantidad de agua recibida, más otra serie de irregularidades.
Gobierno de Quintana Roo denunció penalmente a Aguakan
La administración de Lezama Espinosa denunció penalmente a la concesionaria que brinda el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad, por actos que considera fueron ilícitos y que redundaron en la ampliación anticipada del contrato, al 2053, operación en la que la empresa pagó mil 055 millones de pesos como contraprestación única a favor de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en diciembre del 2014.
Durante el siguiente gobierno, ya con Carlos Joaquín a la cabeza de la administración estatal, gobiernos como el de Solidaridad –entonces a cargo de la hoy secretaria de Gobierno del estado, Cristina Torres– iniciaron juicios para retirar la concesión, sin éxito.
Antes de terminar el mandato joaquinista, que tampoco avanzó en el tema, se realizó una consulta popular cuyo resultado fue que la compañía no debía mantener la concesión. Con ello, tocó a la administración de Lezama intentar dar cumplimiento al mandato popular.
La concesión debió concluir en 2023
En diciembre del 2023, el Congreso de Quintana Roo, dominado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), revocó el decreto que aprobó la XIV Legislatura, en diciembre de 2014, para la renovación anticipada de la concesión al 2053.
Lo anterior hubiese implicado el término del contrato el 31 de diciembre de 2023, pero Aguakan se amparó, logrando una suspensión que mantiene el juicio abierto y a la concesionaria le autoriza operar en tanto se resuelva de fondo.
Sin embargo, en mayo del 2024 el gobierno de Lezama Espinosa interpuso la demanda penal ya mencionada, en contra de Aguakan, de algunos de sus representantes y de ex funcionarios estatales del gobierno borgista.
La empresa recurrió, en junio, a un arbitraje internacional para dirimir el conflicto y, la semana pasada, denunció que el gobierno de Quintana Roo ha emprendido una suerte de “acoso legal”, dando a conocer la existencia de esa denuncia.
Ayer escaló el tema al afirmar que la denuncia es una especie de vendetta, por haberse negado a venderle al gobierno la concesión y los activos de la empresa, a un precio cuatro veces inferior, pues presuntamente se pretende dar la concesión a otra compañía privada, esto último, publicado por el diario Reforma.
La secretaria de gobierno y otros funcionarios estatales salieron anoche a rechazar tal versión, y explicó que fue la empresa la que les ofreció comprarla; que el gobierno se negó y aclaró que deseaban concluir la concesión, debido a diferentes irregularidades, detectadas a partir de una serie de auditorías realizadas y estudios que revelan que el agua está contaminada.
