Organizaciones de la sociedad civil buscan reformar la Ley de Participación Ciudadana de Quintana Roo, vigente desde 2019, con el objetivo de ampliar el catálogo de mecanismos ya previstos y garantizar una verdadera injerencia de la ciudadanía en asuntos de interés público.
Entre las agrupaciones involucradas se encuentra Ciudadanos por la Transparencia (CxT). Su presidenta, Cynthía Dehesa Guzmán, explicó que, aunque la ley vigente fue construida con la participación de la sociedad civil y representa un avance, los mecanismos de participación quedaron limitados y carecen de aplicabilidad. Esto se debió, en parte, a que la discusión de esta ley coincidió con las reformas a la Ley de Movilidad, centradas en el tema de Uber.
Nuevos esfuerzos para 2025
Durante la XVII Legislatura se presentó una iniciativa para reformar la Ley de Participación Ciudadana, pero no fue atendida por los diputados, quedando archivada. Ahora, en 2025, las organizaciones civiles buscan retomar el tema y avanzar hacia una ley que permita a la ciudadanía acceder a una mayor variedad de mecanismos participativos.
Un aspecto destacado de la legislación vigente es que cualquier ciudadano puede ingresar iniciativas de ley directamente al Congreso de Quintana Roo. Sin embargo, las agrupaciones aspiran a que las reformas incluyan formas de obligar al gobierno a utilizar los mecanismos de participación y que se establezcan sanciones administrativas para los funcionarios que incumplan con esta obligación.
Dehesa Guzmán destacó la necesidad de crear herramientas que permitan transversalizar la participación ciudadana y garantizar su activación. “Tienen que establecerse mecanismos de transversalización y de poder activar los temas de participación ciudadana. También debe haber presión o sanciones si no se cumplen. Estas conversaciones ya las hemos tenido un poco con la Secretaría de Gobierno, y hay posibilidad de hacer una reforma más profunda”, indicó.
Impulsar el parlamento abierto en la XVIII Legislatura
Varias organizaciones civiles de Quintana Roo están participando en la búsqueda de esta reforma. Están dispuestas a usar los mismos mecanismos que establece la ley actual, aunque sea un proceso más largo, para lograr su objetivo. Además, han señalado la necesidad de activar el parlamento abierto en la XVIII Legislatura, ya que, según denuncian, muchas iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo no están siendo analizadas a profundidad antes de ser aprobadas de manera directa.
La reforma de la Ley de Participación Ciudadana busca no solo ampliar los derechos ciudadanos, sino también garantizar que su aplicación sea efectiva y que el gobierno rinda cuentas de sus acciones en esta materia.
