La iniciativa para expedir una Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición en Quintana Roo fue leída hoy en el pleno del Congreso del estado y turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria para su estudio, análisis y dictaminación.
El documento fue presentado por la y los diputados María José Osorio, Hugo Alday Nieto y Ricardo Velazco y leído en la sesión 22 del segundo periodo ordinario de sesiones celebrada este lunes.
Su objetivo es brindar respaldo jurídico a las víctimas indirectas del delito de desaparición de personas, permitiéndoles continuar con una serie de trámites legales y administrativos mientras sus seres queridos permanecen en calidad de desaparecidos.
La desaparición, una violación a múltiples derechos humanos
“La desaparición de personas en México, ya sea forzada o cometida por particulares, es un fenómeno que ha venido en aumento en los últimos años de acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en Quintana Roo
“Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la desparición de personas, incluída la desaparición forzada constituye una violación pluriofensiva de los derechos humanos; es necesario para garantizar la protección de los derechos humanos que los gobiernos adopten políticas públicas para crear las condiciones y los marcos legales adecuados para su ejercicio adecuado”, indicó el diputado Ricardo Velazco, al dar lectura a la propuesta.
El legislador por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que la Ley General de Víctimas establece que el Estado, a través de las autoridades correspondientes, tiene la obligación de iniciar en lo inmediato todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de personas desaparecidas, otorgándole a toda víctima de desaparición el derecho a que se desplieguen acciones para su protección, a fin de preservar al máximo posible su vida, seguridad e integridad psicológica y física.
Vacíos legales y vulnerabilidad para las familias
Alday Nieto, por el Partido del Trabajo (PT), subrayó que esta iniciativa pretende reivindicar la dignidad de las personas desaparecidas y que sus familiares reciban la protección y el acompañamiento que merecen.
“La desaparición de personas es un fenómeno devastador que afecta profundamente a las familias y a toda una sociedad. Cada día que pasa sin respuesta y el sufrimiento de los seres queridos de las víctimas se va prolongando, se acrecenta la sensación de desamparo y de olvido”, resaltó, al considerar que la ley propuesta es una herramienta “novedosa y profunda”.
El petista expuso que las víctimas indirectas del delito de desaparición no solo enfrentan una pérdida emocional, sino también el vacío legal y administrativo que se crea al no poder acceder a los derechos patrimoniales o sociales de la persona que desaparece.
“Muchas veces el hecho de ser considerado legalmente ausente se convierte en un obstáculo insalvable, dejando a los familiares en un estado de vulnerabilidad económica, social y emocional. Esta ley otorga un marco jurídico para ejercer los derechos que la persona desaparecida, lamentablemente, no puede hacer por sí misma.
“Se reconoce oficialmente la desaparición, no como una suposición, sino como una realidad jurídica. La Declaratoria Especial de Ausencia da visibilidad a lo que muchas veces se convierte en una ausencia temporal o indefinida sin que existan procedimientos claros para dar a las víctimas indirectas un camino a seguir”, ahondó.
Así, con la expedición de la Ley, el Estado asumiría su responsabilidad para ofrecer a las familias, herramientas legales para no dejar que los derechos de quienes han sido víctimas de desaparición, queden suspendidos de forma indefinida.
“No es solo un marco legal de protección, es una red de seguridad y apoyo en momentos donde la incertidumbre genera caos en todos los sentidos”, remarcó.
La ley contempla garantizar la continuidad de los derechos de los menores reconociendo el princiìo del interés superior de la niñez, a fin de que si la persona desaparecida es el padre, madre o tutor, los derechos de hijas e hijos sean protegidos, desde la asignación de una persona tutora, hasta la preservación de su patrimonio y de su bienestar.
Permitiría también, por ejemplo, redirigir pensiones que eran cobradas por la persona desaparecida, hacia sus familiares, así como suspender procedimientos de embargo o cobro de créditos que pudieran poner en riesgo su patrimonio.
“El procedimiento de declaración de ausencia les permitiría poder hacer los trámites necesarios para proteger su estabilidad económica en tanto continúa la búsqueda de su familiar”, expresó Alday Nieto, al subir a tribuna.
Armonización con la nueva legislación nacional
Actualmente, este procedimiento existe como una figura de jurisdicción voluntaria dentro del Código de Procedimientos Civiles del estado.
Sin embargo, con la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares —que abroga el código estatal— se vuelve necesario contar con una legislación específica que permita a las familias de desaparecidos seguir accediendo a este mecanismo de protección jurídica.
Con esta iniciativa, los legisladores buscan no solo armonizar el marco legal estatal con el nacional, sino también ofrecer un soporte concreto y humano en medio de la incertidumbre que genera este grave fenómeno.
Notificación pública y obligación de actuar
La Ley incorpora el concepto de “notificación pública”, que obliga a los ayuntamientos a publicar en sus estrados, del estatus de una persona desaparecida, para conocimiento de la comunidad, no solo de sus familiares.
“El marco de la ley está diseñado para que las autoridades competentes actúen con diligencia, responsabilidad y profundo respeto por las víctimas, lo que resulta más relevante luego de que el pasado cuatro de abril, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunciara públicamente la decisión de activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención con respecto a la situación de la desaparición forzada en México”, resaltó el legislador.
Esta iniciativa –recordó– fue construida junto con los colectivos de personas desaparecidas, personal de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), colectivos de derechos humanos, magistrados del Poder Judicial, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado y la Consejería Jurídica estatal.
