Poderes Legislativo y Judicial de Q. Roo ya tienen Comité de Evaluación para elecciones del Poder Judicial

Poderes Legislativo y Judicial de Q. Roo ya tienen Comité de Evaluación para elecciones del Poder Judicial

Quintana Roo ya cuenta con las personas elegidas del Poder Legislativo y del Poder Judicial que integrarán el Comité de Evaluación. Este órgano será responsable de revisar y seleccionar a las y los aspirantes que contenderán en las próximas elecciones extraordinarias de cargos del Poder Judicial en México, marcando un paso clave en la democratización del sistema judicial del país.

Por parte del Poder Legislativo, el Comité estará integrado por Lirio Calderón González, Lizandro Landeros Lima, Brenda Liz Sanromán Ovando, Sandra Molina Bermúdez y Elmer Arturo Paredes Quintana.

Estas personas asumieron su cargo durante la sesión número 1 del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones de la XVIII Legislatura.

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Poderes Legislativo y Judicial de Q. Roo ya tienen Comité de Evaluación para elecciones del Poder Judicial

Por parte del Poder Judicial, las personas designadas son Norma María Loría Marín y Karla Rocío Osorio Martínez, como representantes del Poder Judicial; Juan Antonio Alcocer Basto, por parte de instituciones académicas; Maricela Nava Arzate, como representación de los colegios y barras de abogados; y Leopoldo Cruz Navarro, representante de las cámaras empresariales.

Estas designaciones se realizaron durante una sesión plenaria presidida por Heyden Cebada Rivas.

Poderes Legislativo y Judicial de Q. Roo ya tienen Comité de Evaluación para elecciones del Poder Judicial

El comité del Poder Ejecutivo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 10 de febrero y está compuesto por cinco funcionarios: María Cristina Torres Gómez (presidenta), Carlos Felipe Fuentes del Río (secretario) y tres vocales: Esther Burgos Jiménez, Amadeo Condado Espinoza y Claudia Marcela Pastrana Lagos. La convocatoria oficial se publicará antes del 14 de febrero. El comité tendrá autonomía para organizarse y garantizar un proceso adecuado, extinguiéndose al finalizar la elección.

El Comité de Evaluación tendrá autonomía para organizarse internamente y podrá establecer las reglas necesarias para cumplir con sus funciones, contando con el apoyo del Gobierno de Quintana Roo para garantizar los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para cumplir con el objetivo de elegir los perfiles adecuados para las candidaturas del Poder Judicial.

Este mismo comité se extinguirá al finalizar el proceso electoral extraordinario de 2025, en el que se elegirán magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, así como juezas y jueces del Poder Judicial de Quintana Roo.

Responsabilidades del Comité de Evaluación

La principal función del Comité será identificar y seleccionar los perfiles más calificados para ocupar :

  • magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia,
  • el Tribunal de Disciplina Judicial,
  • cargos de juezas y jueces del Poder Judicial.

Todo esto se realizará bajo estrictos principios de paridad de género, inclusión, accesibilidad, profesionalismo, ética y transparencia.

Además, las y los integrantes evaluarán los expedientes de las personas aspirantes, verificando el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales.

También analizarán los conocimientos técnicos, honestidad, buena fama pública y antecedentes académicos y profesionales de las y los candidatos, garantizando la selección de los mejores perfiles.

Un proceso inédito

El diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, subrayó la importancia de este proceso histórico, que marca un avance significativo en la democratización del Poder Judicial en el estado y en el país.

“En sus manos estará la responsabilidad de seleccionar los perfiles idóneos de manera imparcial. Cuentan con todo el apoyo de la Legislatura de la Justicia Social para realizar su trabajo”, expresó.

El objetivo del Comité de Evaluación es garantizar que los nombramientos judiciales se realicen de manera transparente, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.


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