A pesar de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) entregó a principios de febrero de este año a la Consejería Jurídica de Quintana Roo sus observaciones con relación a las modificaciones a la recien reformada Ley de Expropiación Ocupación Temporal y Limitación del Dominio, el tema no ha avanzado.
Entre las causas que provocaron que se atrase el seguimiento para concretar las nuevas modificaciones, está el inicio del proceso para la elección extraordinaria del Poder Judicial y la demanda contra Aguakan, que mantiene ocupada tanto a la Consejería Jurídica como a la Secretaría de Gobierno, indicó Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo.
En entrevista con NewsDay Caribe, explicó que durante una última reunión celebrada a principios de mes, se comunicó directamente a la titular de la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres Gómez, las adecuaciones que requiere el mandato. La funcionaria respaldó la propuesta del sector empresarial.
“Fue muy productiva esa reunión, se entendió bien, ya con una técnica jurídica de análisis, y se quedó ahí pendiente porque creo que entraron en la Consejería Jurídica a temas muy urgentes como el tema de Aguakan, entendemos, y el tema de la elección del Poder Judicial, que también va a ser otro gran tema que tendremos que comentar”, dijo.
Lo que seguía en la ruta de la nueva reforma es que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo se encargaría de la revisión de las observaciones hechas y, en una nueva mesa de trabajo con el sector empresarial se definiría cuántos cambios aceptará el gobierno de Quintana Roo, para posteriormente llevar el proyecto de ley a la XVIII Legislatura.
Conforme a esa ruta se había pactado una reunión el pasado 18 de febrero, pero se canceló debido a las agendas de las instituciones involucradas. Sin embargo, Galavíz dijo que el sector empresarial y el Observatorio que preside confían en que pronto atenderán los avances de la iniciativa de reforma.
Causas para expropiar un terreno, punto crucial
Algunas de las observaciones más relevantes consisten en modificar las causas de utilidad pública que motiven una expropiación de terrenos, ya que actualmente la Ley Federal de Expropiación, establece nueve, mientras que la ley local propone 25 que, desde la perspectiva empresarial, son demasiadas.
También se señaló la necesidad de modificar la redacción en el artículo 11, en el inciso XXV, que establece que una de las causales para expropiar un terreno es la realización de proyectos de inversión pública o privada que inciden de manera directa en el bienestar de los intereses colectivos y la “prosperidad compartida”.
Desde el punto de vista empresarial, es necesario que todas las expropiaciones sean de carácter público, pues consideran que no debe existir oportunidad para expropiar a beneficio de proyectos de inversión privada.
Galaviz Ibarra agregó que tienen confianza en el gobierno estatal, pues desde que se publicó la Ley de Expropiación en el Períodico Oficial de Quintana Roo en enero de este año, lo cual la mantiene vigente, no se han anunciado nuevas propuestas de expropiación en el territorio estatal, mismas que también deben ser anunciadas en dicho órgano oficial de difusión, por lo que considera existe tiempo para reformar antes de que comiencen a usar la ley.
