Por unanimidad, el Congreso de Quintana Roo aprobó ayer reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado, que buscan frenar los fraudes inmobiliarios, contener el crecimiento de asentamientos irregulares y fortalecer la protección del medioambiente.
La iniciativa fue promovida por el diputado Hugo Alday Nieto, coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo (PT) y su par, Silvia Dzul, y leída en el pleno el 29 de octubre del 2024.
A partir de ahora, la ley obliga a las autoridades estatales y municipales a publicar, periódicamente, en medios oficiales como los portales de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) y de los ayuntamientos, la lista de fraccionamientos legales en Q. Roo, así como de desarrollos habitacionales que cuentan con los permisos ambientales y urbanísticos correspondientes.
“Las autoridades estatales y municipales adoptarán las medidas necesarias para prevenir y evitar que tengan lugar, así como para corregir los que ilegalmente ocurran y sancionar a los responsables de ello.
“Y de acuerdo con sus facultades, publicarán en medios digitales oficiales de la Secretaría y de los municipios, las acciones urbanísticas no autorizadas. Los datos contenidos en las publicaciones se ajustarán a lo establecido en la legislación en materia de protección de datos personales”, se lee en el artículo 127.
Esta medida permitirá a la ciudadanía verificar la legalidad de los fraccionamientos, antes de adquirir un lote o propiedad y evitar caer en fraudes perpetrados por empresas que comercializan terrenos sin contar con las autorizaciones legales necesarias.
Las reformas aprobadas hacen frente a la estafa que han sufrido y sufren miles de personas por parte de supuestas inmobiliarias que ofrecen tierras en zonas no aptas o en procesos de regularización incierta.
En su artículo 126, la Ley indica que las políticas, programas, instrumentos y apoyos públicos en materia de regularización territorial se regirán bajo los principios de respeto a la legalidad y protección jurídica a la legítima tenencia, así como a prevenir, combatir y desincentivar el fraccionamiento, conjunto urbano, subdivisiones, parcelaciones, lotificaciones u ocupaciones ilegales, el despojo de bienes inmuebles y el crecimiento irregular, fragmentado y extensivo de los centros de población.
La ley también pone el foco en la calidad de vida
También incorporan un enfoque de equidad e inclusión en el ordenamiento territorial, garantizando el derecho de acceso a la tierra de manera legal, ordenada y segura, especialmente para personas de bajos ingresos y grupos vulnerables.
Se introduce además la figura de “conservación” con enfoque ambiental y cultural, que obliga a los desarrolladores y autoridades a considerar el valor ecológico e histórico del territorio al momento de planear nuevos proyectos.
Y se establece que todas las decisiones en materia de crecimiento urbano y conservación deberán basarse en metodologías de análisis territorial, lo cual permitirá detectar riesgos, identificar oportunidades y prevenir la proliferación de asentamientos irregulares.
Con la entrada en vigor del decreto, Quintana Roo fortalece su compromiso con un desarrollo urbano ordenado, legal, equitativo y ambientalmente responsable, priorizando el bienestar de sus habitantes y la protección de su patrimonio natural.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Alday Nieto subrayó la importancia de cerrar el paso a prácticas fraudulentas que afectan el patrimonio de las familias y deterioran el medioambiente.
