La Comisión Permanente de la XVIII Legislatura de Quintana Roo ha convocado a diputadas y diputados a un periodo extraordinario de sesiones este 9 de enero a las 15:00 horas, con el objetivo de analizar la propuesta de reforma constitucional impulsada por la gobernadora Mara Lezama. Esta iniciativa busca democratizar la justicia en el estado, permitiendo que sea el pueblo quien elija a las personas juzgadoras, en concordancia con las reformas federales en esta materia.
En la sesión número 3 de la Comisión Permanente, la propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Jorge Sanén Cervantes. El objetivo de esta reforma es transformar el acceso a la justicia en un derecho verdaderamente accesible para toda la población, eliminando barreras que favorecen a grupos privilegiados.
Democratización de la justicia: un sistema más cercano al pueblo
La iniciativa subraya la importancia de un poder judicial legítimo, representativo y confiable. La democratización permitiría que las personas juzgadoras sean elegidas por el poder popular, asegurando que quienes ocupen estos cargos sean reflejo de la sociedad mexicana y trabajen por una justicia pronta, expedita e imparcial.
De acuerdo con la exposición de motivos, esta reforma tiene como finalidad instalar un sistema judicial que esté más cerca de la gente y que inspire confianza en su actuar. “La justicia no debe ser privilegio de unos pocos, sino un derecho accesible y efectivo para todas y todos”, se destacó en la sesión.
Ley contra la corrupción: fortalecimiento institucional
Además de la reforma judicial, el periodo extraordinario abordará otra iniciativa clave: la propuesta para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, también presentada por la gobernadora Mara Lezama. Esta iniciativa busca robustecer las capacidades de la Fiscalía para enfrentar la corrupción de manera más efectiva, promoviendo un estado más transparente y equitativo.
Un cambio trascendental para Quintana Roo
Ambas iniciativas representan un paso decisivo en el fortalecimiento institucional del estado, alineándose con los principios de la Cuarta Transformación impulsados por la administración estatal. La reforma judicial y la nueva ley contra la corrupción no solo marcan el inicio de un debate crucial para la ciudadanía, sino que también establecen un precedente para garantizar un sistema de justicia y gobernanza más inclusivo, transparente y legítimo.
