La Encuesta de Victimización sobre Extorsión a Empresas en Quintana Roo registró 36 mil denuncias por este delito de alto impacto, ingresadas al sistema de denuncias 089 y al número de emergencias 911.
Durante este proceso, las víctimas pagaron un total de 125 millones de pesos como resultado de la extorsión, informó el coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, James Tobin Cunningham.
El empresario recordó que la encuesta fue desarrollada en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Centro Ciudadano de Crímenes Atroces (CICA).
El levantamiento de datos concluyó en septiembre de 2024, abarcando información recopilada durante 2023 en todo el estado.
Cifras y tendencias sobre extorsión
Según el estudio, los grupos delincuenciales en la entidad exigieron un monto global de 850 millones de pesos en extorsiones. Sin embargo, las víctimas solo pagaron 125 millones de pesos, lo que representa el 15% del total solicitado.
Para la elaboración del estudio, participaron 150 empresas de Quintana Roo, la mayoría ubicadas en Cancún y Playa del Carmen.
Uno de los datos más relevantes es la disminución del delito de extorsión telefónica, gracias a las campañas de prevención impulsadas por el gobierno local y federal.
Tobin Cunningham admitió que la encuesta fue difícil de elaborar debido a la desconfianza de los empresarios para dar testimonio sobre este delito de alto impacto.
Entre los aspectos consultados a las y los participantes, se incluyeron los cambios que implementaron tras ser víctimas, si realizaron pagos a los delincuentes y otros detalles de seguridad.
Actualización del informe y próximos pasos
El documento será actualizado con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), incluyendo datos de 2024 extraídos del sistema de denuncia anónima 089, donde se reportan los casos de extorsión en el estado.
El objetivo de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia es presentar el estudio completo con datos de 2023 y 2024 a más tardar en marzo de 2025, con la intención de que el documento sirva como referencia para la creación de nuevas políticas públicas enfocadas en mejorar la seguridad en Quintana Roo.
