El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, radicado en Mérida, Yucatán, otorgó una suspensión definitiva respecto a las obras del Tren Maya en el Tramo 5, que va de Cancún a Tulum, en Quintana Rooo, y en el 7, que se extiende de Chetumal a Escárcega, en Campeche.
La suspensión tiene efectos diferenciados. En el caso del Tramo 5, obliga al gobierno federal a demostrar el cumplimiento de condicionantes de la autorización de impacto ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el caso del Tramo 5; y el freno de las obras en el Tramo 7, ante la presunción de que los trabajos no están concluidos ni el tren operando regularmente.
Las abogadas Viridiana Maldonado y Gabriela Carreón, representantes de la organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), explicaron a NewsDay Caribe que este incidente judicial suspensivo tendrá vigencia hasta que se acredite el cumplimiento de condicionantes y hasta que el Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, resuelva de fondo la demanda de amparo promovida en julio de 2020, en contra del megaproyecto en sus 7 Tramos.
La demanda fue presentada, inicialmente por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en acompañamiento de comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de la Península de Yucatán, contra las afectaciones ambientales ocasionadas por el megaproyecto.
Se obtuvieron suspensiones para los Tramos, 2, 3, 4, 5 y 6, sin que las obras se pausaran.
Para octubre del 2023, el caso quedó en manos de las abogadas de Territorios Diversos para la Vida (TerraVida) –que previamente formaban parte del Cemda– como parte de una transición para brindar acompañamiento focalizado en los procesos comunitarios.
TerraVida está conformada principalmente por mujeres abogadas, quienes acompañan procesos de cuidado y defensa del territorio, bajo una visión de género, interseccional, intercultural y decolonial, es decir, bajo perspectiva que busca revalorizar el conocimiento que ha sido olvidado o desacreditado por el colonialismo, el capitalismo racial y la modernidad.
Por esas mismas fechas, el juez Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, Adrián Novelo, negó la suspensión definitiva sobre el amparo antes mencionado, bajo el argumento de que las obras en los Tramos 5 y 7 contaban con autorización de impacto ambiental y están en desarrollo.
TerraVida presentó entonces un amparo en revisión ante el Tribunal Colegiado para combatir los criterios contenidos en la resolución del juzgador y, a este momento, comunicaron que se obtuvo la suspensión definitiva respecto a esos dos Tramos.
La audiencia constitucional para resolver de fondo el asunto, está programada para el próximo 10 de marzo, pero como ha sucedido con otros amparos relativos al Tren o a otros casos, puede diferirse.
“Es fundamental hacer un llamado al Poder Judicial Federal, a través del Juzgado Primero en Mérida, para que analice a profundidad el fondo del asunto priorizando la protección del medio ambiente y las comunidades afectadas.
“Es imperativo que determine las violaciones a los derechos humanos y asegure que los efectos de la sentencia estén a la altura de la magnitud de las afectaciones y los daños ambientales generados por este proyecto”, resaltaron las abogadas.
Territorios Diversos para la Vida se creó en octubre de 2023 y sus integrantes acompañan procesos de cuidado y defensa del territorio.
Tramo 5, cumplimiento de condicionantes
El Tribunal dictó la suspensión definitiva para los Tramos 5 y 7, al considerar que el gobierno federal no había acreditado el cumplimiento de los principios ambientales para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, con base en los recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
Estas disposiciones versan sobre la prevención, precaución y una premisa ligada al principio precautorio contenido en las leyes mexicanas:
E in dubio pro natura, es decir, “ante la duda, a favor de la naturaleza”.
En términos más sencillos, el Tribunal consideró que la mera existencia de autorizaciones de impacto ambiental y del cambio de uso de suelo para el proyecto, “no basta para cumplir con esos principios”.
Para el Tramo 5, dividido en 5 Norte y 5 Sur, el Tribunal determinó que, aunque la manifestación de impacto ambiental y su evaluación autorizada cumplen con el principio de precaución, “es indispensable satisfacer también los principios de prevención e in dubio pro natura”.
“Por ello, se ordena que la suspensión permanezca hasta que se realicen los estudios geológicos, geohidrológicos y geofísicos que la Semarnat ordenó como condicionantes 9 y 10 de la autorización de impacto ambiental del tramo 5 Sur y sus correlativos en el tramo 5 Norte”, indicó la organización.
Las autoridades involucradas deben acreditar que se cumplió con la entrega de esos estudios y exhibirlos, además de que la autoridad ambiental debe evaluar sus resultados.
Tramo 7, freno a las obras
En el caso del Tramo 7, compartido entre Quintana Roo y Campeche, el Tribunal identificó que la autorización de impacto ambiental fue emitida de manera condicionada al cumplimiento de 12 puntos antes del inicio de las obras.
Entre ellos, se citó la elaboración de un Estudio Técnico Económico, Programa de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna Silvestre, y el Programa de Prevención, Mitigación y Manejo de Contingencias Ambientales y Conservación del Paisaje Kárstico.
“Sin embargo, hasta la fecha no existe evidencia de que estas condicionantes hayan sido solventadas”, señalaron las abogadas, quienes aclararon que, en este caso no solo se debe acreditar el cumplimiento de las condicionantes, sino el freno de las obras.
“El Tribunal Colegiado concedió la suspensión definitiva para el efecto de que se paralicen las obras del Tren Maya en el tramo 7, hasta que las autoridades encargadas del proyecto acrediten ante el Juzgado Primero de Distrito (…) que se han cumplido con todas las condiciones establecidas en la autorización, siempre y cuando no se encuentre el Tramo 7 en operación”, explicaron.
Justicia que llega demasiado tarde
Viridiana y Gabriela coincidieron en que, si bien la suspensión tenía el propósito de detener por completo las obras del Tramo 7 del Tren Maya, su emisión resulta tardía.
Ocurrre que, aunque las obras del megaproyecto que abarca mil 500 kilómetros de vía férrea para conectar Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, no están terminadas, el circuito opera y ha sido inaugurado orificalmente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en diciembre pasado.
“Esta suspensión se suma a las otras que se han obtenido, pero llega tarde, porque las obras van muy avanzadas”, dijo Viridiana, quien recordó que los trabajos para este megaproyecto iniciaron sin contar con autorización de impacto ambiental, ni cambio de uso de suelo en terrenos forestales, desde 2022, bajo el amparo del llamado “decretazo” expedido por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador.
En realidad, se trata de un Acuerdo presidencial, que data de noviembre del 2021, que declaró los megaproyectos de su sexenio como “de interés público” y “seguridad nacional”, para evadir los sistemas de transparencia, privilegar el desarrollo de esas y otras obras y saltarse –inconstitucionalmente– el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) contenido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), para sustituirlo por una autorización provisional.
El inicio de las obras sin estudios suficientes, sin evaluación ambiental adecuada, con resoluciones a destiempo del Juzgado Primero de Distrito y el desacato de los incidentes de suspensión definitiva que dictó dicha autoridad, propiciaron el el avance de las obras, lo cual, en conjunto, “genera serias dudas sobre la efectividad del juicio de amparo como mecanismo de protección ambiental”.
“Asimismo, es preocupante que el Tribunal Colegiado siga priorizando factores como el crecimiento económico, el gasto público y el presupuesto por encima de los riesgos significativos para los ecosistemas y los recursos naturales involucrados como factor para determinar el alcance de la suspensión”, ahondó la organización.
Sin embargo, la agrupación reconoció como avance que las autoridades judiciales considerasen necesario ir a fondo y analizar las violaciones de derechos humanos en el juicio principal que se encuentra pendiente.
“También celebramos que se haya establecido que la simple existencia de autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo no es suficiente para cumplir con los principios ambientales, ni para garantizar el derecho a un medio ambiente sano”, subrayó.
Entre la frustración y la esperanza
Maldonado Galindo reconoció que existe frustración por el desacato presidencial a los incidentes de suspensión judiciales, pero esperanza en el perfil de Claudia Sheinbaum, una mujer de Ciencia que se ha dicho ambientalista y de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, quien ha admitido que hay impactos del megaproyecto que deben ser revisados, analizados y corregidos.
“Esperamos que se retome la mirada preventiva y correctiva. Tenemos un ánimo esperanzador, pero tampoco nos confiamos, pues sabemos que se trata de obras prioritarias para el gobierno federal”, dijo.
