La celeridad para aprobar la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación del Dominio de Quintana Roo obedeció a la necesidad de destrabar proyectos u obras que involucran terrenos ejidales y han creado resistencia o conflictos.
Esa es la explicación que la titular de la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres, ofreció a los representantes de la iniciativa privada con quienes se reunió para despejar dudas y preocupaciones sobre los efectos del nuevo mandato en terrenos de propiedad privada, según lo relató a NewsDay Caribe, el presidente del Observatorio Legislativo Ciudadano, Eduardo Galaviz.
“Nos dijeron que no habría ningún temor de que fuera para afectar a algún particular, si no que más bien son por temas de conflictos que hay en algunas obras que se están haciendo a nivel federal.
“Entonces puedo suponer que es el tema de Puerta al Mar, allá en Felipe Carrillo Puerto; esos temas que han estado surgiendo recientemente de los ejidos”, expresó.
En entrevista, dijo que al sector empresarial le pareció “sospechosa” la velocidad con la que el Congreso de Quintana Roo validó la iniciativa de ley enviada por la gobernadora, “Mara” Lezama.
Dicha propuesta se aprobó sin ser analizada a profundidad y pasó directo a votación, sin hacer consultas a la población o a la iniciativa privada, esto a pesar de que la reforma sí impactará en los predios privados en el futuro.
Galaviz Ibarra aclaró que el gobierno estatal expidió la Ley de Expropiación actual, para sustituir la creada desde 1978, cuya última modificación data de 2018.
Modificarla –dijo– era necesario, pero tomando en cuenta las opiniones de las partes afectadas, en este caso la población y el sector privado.
Para enmendar esa falla, se acordó en la reunión la realización de mesas de trabajo que permitan construir una propuesta de modificación a la Ley recientemente aprobada, y el reglamento correspondiente.
El proyecto de reforma será presentado por la propia Cristina Torres “y sería aprobada de inmediato”, indicó Galaviz.
Parte de los cambios contemplados será el definir con mayor detalle cuáles son las “causas de utilidad pública” para expropiar un terreno.
Si bien mencionó que están de acuerdo en que el gobierno estatal expropie terrenos para la construcción de obras carreteras, hospitales, escuelas y proyectos de inversión pública, consideran que es necesario eliminar algunas de ellas, pues la ley fija 25.
“Hay varios abogados que van a estar trabajando para hacer una reducción de las causales y una explicación más detallada y acotada para no dejarla tan amplia. Quedamos a hacer un trabajo en un par de semanas, hacer una primera propuesta y también hacer un foro público, pues para que la gente pueda también llevar alguna propuesta concreta”, dijo el presidente del Observatorio Legislativo.
Otro punto a reformar es que debe especifcarse en la Ley, a qué se refiere cuando establece como un causal para expropiar, “el bienestar social y la prosperidad compartida”, pues es un término ambiguo que puede prestarse a interpretaciones de abuso que solo el gobierno puede aplicar y deja en desventaja a los dueños de los terrenos.
También se busca que la Consejería Jurídica de Quintana Roo “no sea juez y parte de todo el proceso de expropiación”, y que se permita que los afectados, en este caso los dueños de los predios, puedan recurrir a avalúos privados, sobre todo aquellos que tienen valor comercial. De este modo las personas recibirían una indemnización justa, y no solo aquella que ofrezca el gobierno estatal, que por defecto buscará un pago que no impacte las finanzas públicas.
