Las acciones emprendidas por vecinos de la residencial de lujo Playacar, quienes se manifestaron para defender su derecho a un medio ambiente sano y por la conservación de las especies, lograron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurara este viernes el predio donde obreros de una inmobiliaria retiraron toda la vegetación. En el sitio, habitaban venados y otras especies, bajo la carpeta PFPA/292/35.2/0019-2025/0008.
El abogado ambientalista independiente David Linares Arredondo explicó que, según su experiencia, la función de la Profepa es salvaguardar el espacio natural, lo cual se confirma al colocar un sello de clausura en un predio con vida silvestre y biodiversidad.
“Lo que tengo conocimiento es que no hubo un cumplimiento de unas medidas de mitigación de compensación o términos condicionantes de una autorización, por lo cual, al estar haciendo estas construcciones y no haber hecho la reubicación de flora y fauna, las especies empiecen a salir del lugar donde originalmente residían, lo que propició todos estos incidentes; con ello implica un incumplimiento a lo autorizado”, señaló.
Linares opinó que, tras la clausura, lo que debe proceder es que los vecinos conozcan quién emitió la autorización y verifiquen qué medidas se incumplieron, como la falta de reubicación de la fauna.
La autoridad que otorgó el permiso, junto con la Profepa, deberá considerar recomendar la revocación de dicha autorización.
Además, se podrían aplicar sanciones por los incidentes relacionados con la fauna silvestre, competencia de la federación.
El abogado indicó que en este tipo de casos puede haber participación de autoridades estatales y federales, pero debe existir una autorización federal para el cambio de uso de suelo en selva. Esa medida no se cumplió, razón por la cual la Profepa clausuró el proyecto, y en su momento podría recomendar que se revoque la autorización.
Linares recordó que los vecinos pueden denunciar colectivamente ante la Profepa, recabando firmas o a través de asociaciones civiles. La ley permite presentar denuncias con los hechos y pruebas pertinentes, así como dar seguimiento a los procesos.
“Por ejemplo, si después de la clausura siguen construyendo, los ciudadanos pueden informar a la Profepa, que deberá dar aviso a la Fiscalía por el delito de incumplimiento a las medidas de seguridad, lo cual es un atentado contra la gestión ambiental. La FGE deberá actuar contra los responsables”, afirmó.
Sobre el crecimiento de proyectos inmobiliarios en Playacar, y si es necesario que los vecinos señalen cada lote en el que se realicen desmontes, Linares respondió:
“Profepa actúa conforme a la petición, en este caso por la denuncia que recibió, tan popular, y derivado de estas acciones puede detectar otras irregularidades y actuar de oficio. Pero honestamente es difícil, por el tema presupuestario y la falta de personal. Entonces, yo veo difícil que actúen más allá de lo clausurado, pero no por ello la ciudadanía debe dejar de denunciar”.
Se pueden usar drones
El colaborador de asociaciones civiles que luchan por el territorio reveló que los ciudadanos pueden utilizar herramientas como drones para evidenciar la devastación de un hábitat natural sin ingresar al predio, lo cual podría generarles problemas legales.
David Linares aseguró que el uso de drones a cierta altura está permitido, y tanto ciudadanos como autoridades pueden constatar muchas irregularidades a través de estos ejercicios.
“De un ejercicio de vuelo de dron se da vista y, a su vez, se informa a la Fiscalía conforme al código penal, y ésta actúa en consecuencia”, detalló.
Finalmente, sugirió que los vecinos presenten un escrito de acceso a la información ante la Profepa, solicitando el estatus del procedimiento de clausura y exigiendo la aplicación de la ley.
La autoridad deberá notificar a los denunciantes sobre la diligencia y aclarar si la clausura fue ejecutada por la oficina de Profepa en Cancún o por la sede en Ciudad de México.
