Todos los acuerdos y convenios firmados con organismos empresariales, asociaciones civiles y gobiernos, tanto municipales como estatales, por parte de Alma Iovana Franco Cervantes, quien se ostenta como titular de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), quedarán sin soporte ni fundamento, debido al juicio de nulidad contra Iovana Franco en Canaco-Servytur, admitido ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que miembros del organismo siguen sin reconocerla como dirigente, informó el afiliado Pablo Alcocer Góngora.
“Han sido notificados, de hecho, les llegó y han ocultado la documentación porque no han corrido el traslado a todos los consejeros involucrados. Pero ella tiene conocimiento, solo necesita consultar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y se ve la admisión de demanda”, precisó.
Iovana Franco, 30 días hábiles para responder ante el Tribunal
Pablo Alcocer mencionó que Iovana Franco y su consejo han sido emplazados desde el 1 de septiembre del presente año, y tienen 30 días hábiles para contestar como terceros interesados a través de la Secretaría de Economía.
El denunciante aseguró que Alma Iovana Franco Cervantes tiene conocimiento del juicio de nulidad contra Iovana Franco en Canaco-Servytur, con número de expediente 562/26-20-01-8, ya que ha sido notificada por el Tribunal. De hecho, dijo, existen otras demandas presentadas por otros miembros de la Canaco-Servytur, relacionadas con dineros cobrados por servicios de la Cámara que terminaron en su cuenta bancaria personal.
Declaró que la presunta presidenta de la Canaco-Servytur está denunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por abuso de confianza y administración fraudulenta, junto con el tesorero y el secretario.
Hay que recordar que, en junio pasado, los miembros de la Canaco-Servytur Guillermina Lomelí López, Brisa Blanca Leticia Galván Villalpando y Bruno de Almeida reiteraron las denuncias por las irregularidades que hubo en el proceso jurídico electoral.
Fueron ellos quienes tomaron acciones legales ante la FGE por posible afectación al patrimonio de la Canaco-Servytur.
¿Cómo aconteció el presunto mal manejo del dinero?
Pablo Alcocer describió que Adán Lucero, quien fuera el presidente saliente, no le entregó la Cámara a Iovana Franco, y solo entregó una carta al Consejo, en la que reconoce que están impugnadas la asamblea y la elección, con el fin de que opere la Canaco y no se interrumpan los trabajos por un litigio.
Entonces, el tesorero consignó ante tribunales las cuentas bancarias y los dineros, pero, en ese periodo, a la imputada se le hizo fácil instalar una terminal de cobro electrónico en la Cámara y recibir los pagos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) —que oscilan entre 300 y 600 pesos, dependiendo del giro comercial—, así como los correspondientes a la afiliación y a cursos o capacitaciones, mismos que terminaron en su cuenta bancaria personal.
En represalia, la denunciada demandó a los consejeros y a Pablo Alcocer por despojo, indicó.
Consecuencias de no reconocer a Iovana Franco como dirigente
Los alcances de desconocer a Iovana Franco como presidenta de la Canaco-Servytur perjudicarán a la Cámara en su esfera jurídica, ya que debieron respetarse los estatutos y corregirse las anomalías detectadas en su momento.
Lo más grave es que Iovana Franco quedaría imposibilitada de volver a competir como candidata a la presidencia, en caso de que se pruebe que cometió una violación a los estatutos.
La versión de Iovana Franco
Por su parte, Iovana Franco dijo desconocer de qué tratan las demandas del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y aseguró que solo tiene conocimiento de que forman parte de los terceros interesados.
Iovana Franco dijo que saben que son terceros interesados en dicho proceso ante el Tribunal, pero desconoce sobre qué acto Pablo Alcocer solicitó la nulidad, porque existen varios procedimientos ante la Secretaría de Economía.
Mencionó que, en la Canaco-Servytur, están enfocados en cumplir el plan de trabajo, el cual ha permanecido vigente hasta este mes de septiembre y está por concluir, por lo que aseguró que tienen un objetivo y un compromiso con los comerciantes y prestadores de servicios, razón por la cual no pueden detenerse ante cualquier inconformidad.
Señaló que acaban de tomar protesta y cuentan con la firma del pacto por la “Prosperidad y la Justicia en Playa del Carmen”, por lo que están colaborando de manera adecuada con el gobierno municipal y han solicitado algunos incentivos.
Iovana Franco mencionó que el Ayuntamiento les ha apoyado ante la crisis que han enfrentado varios comerciantes y prestadores de servicios durante esta época, pero que está próximo a llegar el Buen Fin y la temporada alta de diciembre, por lo que auguran buenas noticias.
Indicó que están impulsando el programa de regularización, porque buscan que los comerciantes no caigan en la informalidad y que, al contrario, quienes ya están establecidos permanezcan, aprovechando los incentivos fiscales tanto municipales como estatales.
El origen del conflicto: irregularidades en el proceso electoral
El afiliado Pablo Alcocer Góngora explicó que la presunta ilegalidad detectada en las elecciones para elegir presidente pudo haberse corregido, ya que solo existieron algunas omisiones que, en su momento, no eran graves, porque la planilla “Dorada” de Iovana Franco no cumplió con los requisitos, al estar mal publicada la convocatoria, ya que se omitieron requisitos como acreditar dos años de antigüedad, presentar el último pago de 2026 y la credencial 2026.
En su momento, a Pablo Alcocer le tocó ser secretario de la Comisión Electoral, y la problemática comenzó cuando Iovana Franco, al ser secretaria, firmó la convocatoria sin darla a conocer.
Rememoró que, en febrero, se llevó a cabo el proceso electoral para elegir presidente de la Cámara y a los integrantes de la Mesa Directiva, en el que se eligieron ocho consejeros, mientras que el presidente, el secretario y el tesorero pueden permanecer hasta tres años consecutivos.
Pablo Alcocer detalló que, al revisar la documentación de Iovana Franco cuando pretendía ser candidata a la dirigencia de la Canaco-Servytur, se percató de que las credenciales presentadas tenían inconsistencias, ya que no contaban con la firma del presidente, ni con los datos del afiliado y su giro comercial.
Dijo que existieron varias opciones para corregir las observaciones, pero el entonces presidente de la Comisión Electoral, José Luis Barragán, se negó a someter las inconsistencias ante el Consejo, y fue entonces cuando iniciaron las disputas, al considerarse infringidos los estatutos de la Cámara.
El denunciante declaró que José Luis Barragán, representante de la Comisión Electoral, y Katia Rojas reconocieron que la planilla estaba mal integrada, y que, junto con él, firmaron un documento para notificar a los aspirantes del nuevo Consejo.
Pablo Alcocer y otros consejeros sometieron el caso a impugnación a través de la Comisión de Arbitraje, para que fuera notificado a Iovana Franco y su grupo; sin embargo, al continuar estos con la asamblea de manera indebida, se ingresó al área administrativa, por lo que la Secretaría de Economía, durante varios meses, solicitó a la Cámara que corrigiera la situación.
No obstante, señaló que Iovana Franco y su grupo, al recibir el llamado de la Secretaría de Economía para corregir la situación, optaron por cambiar las cerraduras del inmueble de la Canaco-Servytur, pese a saber que el proceso estaba impugnado y que debía convocarse nuevamente a elecciones.
Pablo Alcocer indicó que, de manera irregular y por motivos políticos, consiguieron un aval por parte de la Secretaría de Economía, dependencia que señaló a los inconformes que pidieron a Iovana Franco que les mostrara el documento donde se le nombra presidenta, situación que no ocurrió.
