A través de un edicto que circula en varios medios, la actual administración municipal cita a tres ex funcionarios de la pasada administración a declarar, entre ellos a la ex presidenta municipal Lili Campos Miranda, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, indicó la titular del Órgano Interno de Control de Playa del Carmen, Cristina Alcérreca.
La funcionaria mencionó que, a raíz de la publicación del edicto, se lleva a cabo la búsqueda de la ex edil, a quien no han logrado localizar.
Quiénes son los ex funcionarios citados, además de Lili Campos
Los otros dos ex funcionarios son el ex tesorero municipal, Pedro Escobedo, y el ex director de Espectáculos, José Luis González Arguelles.
Los tres están relacionados con las observaciones contenidas en dos expedientes que la Auditoría Superior del Estado levantó sobre la cuenta pública de 2023.
El Órgano Interno de Control de Playa del Carmen busca notificarlos sobre los procedimientos administrativos iniciados en su contra.
Cristina Alcérreca explicó que la Ley General de Responsabilidades obliga a realizar la notificación de manera personal; sin embargo, al acudir a los distintos domicilios registrados, no fue posible ubicarlos, por lo que tuvieron que recurrir a edictos.
La funcionaria señaló que hay varios expedientes en esta fase de sustanciación derivados de las observaciones realizadas por la Auditoría.
Plazo y siguientes pasos
El edicto establece como fecha límite el 29 de junio. De no existir respuesta, los expedientes deberán turnarse al Tribunal de Justicia Administrativa, previo a la resolución del incidente correspondiente, para que continúen los procedimientos.
La ex tesorera Grace ha interpuesto amparos y quejas, por lo que el Órgano está pendiente de lo que resuelva la autoridad competente. El procedimiento continúa:
“Todavía no son actos definitivos sino que se encuentran en la etapa de sustanciación, por lo que todavía no existe alguna acción de la autoridad que afecte directamente sus derechos”, indicó Alcérreca.
La funcionaria aclaró que esta fase de investigación corresponde a la materia de responsabilidades administrativas, distinta de las atribuciones de la Fiscalía o la Fiscalía Anticorrupción, que persiguen conductas que pudieran configurarse como delitos:
“Pero nosotros no tenemos esa competencia, porque lo que investigamos son conductas que puedan configurarse como faltas graves o no graves”, precisó.
