Autoridades municipales de Playa del Carmen investigan posibles irregularidades administrativas que podrían haber causado un daño patrimonial superior a los 148 millones de pesos, derivado de observaciones no solventadas en la Cuenta Pública 2023. Así lo informó la Contralora Municipal, Cristina Alcérreca.
Al cierre del primer trimestre de 2025, la Dirección de Investigación Administrativa y Responsabilidades del Órgano Interno de Control reporta 183 expedientes activos por presuntas faltas administrativas graves, de los cuales 15 fueron abiertos en esta administración tras auditorías recientes. Además, 12 expedientes provienen de observaciones no solventadas por parte de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO), todas correspondientes al ejercicio fiscal 2023.
Principales observaciones millonarias
Según el comunicado oficial emitido por el gobierno municipal, los montos observados se concentran en distintas dependencias:
- Unidad de Espectáculos: $91,185,737.68
- Recursos Humanos: $31,930,000.00
- Servicios Públicos Municipales: $14,257,681.08
- Medios de Comunicación: $4,638,872.48
- Medio Ambiente: $3,899,950.00
- Seguridad Pública: $2,505,600.00
Adicionalmente, se mantienen bajo revisión otras 18 observaciones de la Cuenta Pública 2023 ante la ASEQROO, que en conjunto representan un posible impacto al erario de $174,048,326.16.
Más expedientes y seguimiento a auditorías federales
Como parte del proceso de entrega-recepción de la actual administración, se han abierto 36 nuevos expedientes por presuntas irregularidades administrativas, según confirmó la contralora Cristina Alcérreca. Estos procedimientos se suman al seguimiento de observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes a ejercicios fiscales anteriores:
- $248,430,388.56 de Participaciones Federales en 2021
- $79,668,125.23 de FORTAMUN y Participaciones Federales en 2022
- $90,483,537.15 aún en análisis por el ejercicio 2023
La Contraloría informó que estos procesos buscan esclarecer el uso de recursos públicos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.
