Peritajes elaborados por un equipo de especialistas interdisciplinario, fueron presentados al Poder Judicial de la Federación para robustecer el amparo promovido en contra del Tren Maya. Su contenido advierte que el megaproyecto tendrá impactos graves en Campeche, Quintana Roo y Yucatán hasta el 2050.
La demanda de amparo fue promovida por pueblos originarios, comunidades indígenas, ciudadanía y organizaciones civiles de la Península de Yucatán, quienes reclaman la violación a sus derechos humanos, una evaluación de las afectaciones aislada, sin estudiar los impactos acumulativos y sinérgicos de la obra, y violaciones a la legislación ambiental mexicana en los siete tramos que comforman el megaproyecto.
Los peritajes fueron elaborados por especialistas en impacto ambiental, conservación biológica, restauración ecológica y biogeografía, entre quienes se menciona a las investigadoras Alicia Castellanos Guerrero, Doctora en Antropología por la Universidad Autónoma de México (UAM) y su par, Giovanna Gasparello, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Entre las conclusiones, se expone que el megaproyecto no fue sometido al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) en su conjunto, como exige la legislación mexicana.
En su lugar, se presentaron Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) por tramos y componentes de manera aislada y en momentos distintos, lo cual, de acuerdo con los peritajes, impidió valorar los efectos acumulativos y sinérgicos del proyecto y, por tanto, aplicar medidas adecuadas de mitigación, compensación o restauración.
También se indica que algunas de las medidas implementadas han resultado inaplicables o no corresponden al tipo de impacto generado.
Se documenta, por ejemplo, la instalación de pasos de fauna en zonas sin grandes vertebrados, la falta de claridad sobre el destino final de materiales de construcción y la ausencia de una estrategia de restauración proporcional a los daños identificados.
Proyecciones hechas hasta para el año 2050
Las organizaciones involucradas —entre ellas CartoCrítica, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), el Centro Comunitario U Kúuchil k Ch’i’balo’on, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Kanan Derechos Humanos, Terravida y SOS Cenotes— informaron que las proyecciones derivadas de estos estudios abarcan hasta el año 2050, y advierten escenarios como:
- Fragmentación de ecosistemas y pérdida de conectividad biológica.
- Presión adicional sobre áreas protegidas como Calakmul, en Campeche; y Sian Ka’an, en Quintana Roo
- Pérdida del 20% de cobertura natural en la región, equivalente a más de 2 millones de hectáreas.
- Afectación a especies amenazadas como el jaguar, tapir y pecarí.
- Disminución de servicios ecosistémicos como polinización, dispersión de semillas, control de plagas y captura de carbono, que se reduciría del 72 % al 53 % del territorio
- Mayor presión sobre recursos como agua, energía y alimentos.
Las organizaciones civiles han acusado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de retrasar el proceso judicial mediante solicitudes de prórroga, lo que –a su juicio– prolonga el proceso innecesariamente y afecta el derecho a una justicia pronta.
La audiencia constitucional ha sido programada para el 4 de junio de 2025, fecha en la que se prevé que el Juzgado determine si otorga o no el amparo solicitado.
El bloque de sociedad civil solicitó que la resolución se base en las pruebas periciales y documentales presentadas, y señalaron que el fallo sentará un precedente respecto al papel del Poder Judicial en el análisis de proyectos de gran escala.
La demanda solicita que se ordene la cancelación del proyecto, se implementen acciones de restauración ambiental y se garantice el respeto a los derechos territoriales de los pueblos originarios.
