A un mes de que se realice la elección extraordinaria del Poder Judicial en Quintana Roo, el Observatorio Legislativo Ciudadano exhibió las fallas del proceso, como la ausencia de garantías de imparcialidad, transparencia y participación ciudadana en la selección de las y los candidatos.
En un análisis difundido hoy, el organismo, integrado por empresarios, académicos y organizaciones civiles, concluyó que el proceso local no sólo carece de neutralidad desde su origen, sino que se ha desarrollado bajo condiciones que privilegian a los grupos con poder político y operativo.
El diseño de las boletas, la forma de votación por listas, la limitada participación ciudadana en los comités evaluadores, así como la falta de información sobre candidaturas, conforman un panorama que –asegura– pone en entredicho el objetivo de democratizar el acceso a la justicia.
El Observatorio recordó que el proceso, que se desarrolla de forma paralela a la elección federal, implica la renovación de 105 jueces locales, nueve magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y tres integrantes del nuevo Tribunal Disciplinario, en sustitución del Consejo de la Judicatura.
A nivel federal se renovarán 881 cargos: 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 464 magistraturas de circuito, 386 jueces de distrito, además de integrantes del Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial.
Al hacer un análisis de cómo se ha desarrollado el proceso, indicó que desde su origen el mecanismo de selección ha estado dominado por actores vinculados a los grupos de poder establecidos.
Cada uno de los Comités de Evaluación —conformados por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial— fue integrado por cinco personas elegidas sin participación ciudadana, académica o técnica independiente.
Esto, advierten, imprime un sesgo de origen a todo el proceso.
Los comités tuvieron a su cargo la revisión de perfiles y propuestas de las y los candidatos que competirán el próximo 1 de junio, en un esquema de elección por planilla.
Otro de los principales cuestionamientos, en términos de la elección federal, gira en torno al hecho de que entre las y los aspirantes seleccionados existen señalamientos públicos en torno a posibles vínculos con grupos delictivos o figuran en investigaciones judiciales activas.
A pesar de ello, sus candidaturas fueron aprobadas por los comités evaluadores de los tres Poderes. Para el Observatorio Legislativo, esto confirma la falta de filtros reales y criterios independientes en la validación de perfiles, lo que pone en riesgo la aplicación de la Justicia en todo el país.
Proceso acelerado y desigual
A nivel local, el proceso arrancó el 10 de febrero con la conformación de los comités evaluadores.
Siguió una etapa de recepción de propuestas, evaluación de perfiles, publicación de personas admitidas y, finalmente, el 30 de marzo, la difusión de la lista definitiva de candidatos.
Las campañas iniciaron en esta semana y concluirán el 28 de mayo, apenas días antes de la jornada electoral.
A diferencia de otros ejercicios, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el conteo de votos no se realizará en las casillas, sino en las oficinas distritales, debido a la complejidad de las boletas.
Esta modificación ha sido considerada regresiva por las organizaciones civiles, que advierten que elimina un componente fundamental de participación ciudadana en el conteo y vigilancia del voto.
El INE, a su descargo, explicó el lunes pasado que la cantidad de boletas a revisar torna imposible el conteo ciudadano en cada casilla.
Votar por planillas y no por candidaturas individuales
El Observatorio también señaló que, además, se prevé que la elección se lleve a cabo en un número reducido de casillas por restricciones presupuestales, y que las boletas tendrán una carga elevada de nombres y cargos, dificultando el llenado correcto por parte de las y los votantes.
En el caso de los cargos locales, la selección se hará por planillas completas, sin posibilidad de votar por candidatos individuales, aspecto sobre el cual NewsDay Caribe dio cuenta este mismo miércoles, en nota aparte.
Esta particularidad fue producto de una intervención directa de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado que, vía la Consejería Jurídica, solicitó a la autoridad electoral modificar el mecanismo de votación para que se permitiera elegir listas completas de acuerdo con el Poder que postuló.
La solicitud fue aceptada pese a las impugnaciones presentadas por algunos candidatos. La justificación fue que, al momento en que se resolvió a nivel federal, las boletas ya estaban impresas, por lo que no hubo cambios. Quintana Roo es el único estado del país que utilizará este esquema.
Prevén alto nivel de abstencionismo
En este escenario, el Observatorio Legislativo Ciudadano advirtió que esta modalidad facilita la movilización de estructuras partidistas afines al oficialismo, para incidir de forma directa por qué lista se debe votar, lo que favorece a los grupos con mayor capacidad operativa y acceso a recursos.
Además, la falta de conocimiento generalizado sobre los cargos judiciales y los aspirantes reduce el interés ciudadano y podría generar altos niveles de abstención.
Se estima que la elección será especialmente impulsada por estructuras afines al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en un contexto donde también se desarrolla una campaña masiva de afiliación al partido.
Esto configura –a decir del Observatorio– un escenario de “participación desequilibrada”, donde el resto del electorado podría optar por el abstencionismo como una forma de resistencia pasiva ante un proceso que consideran orientado a reforzar el control del Poder Judicial desde el gobierno estatal.
Conforme al análisis hecho, se alerta que, en algunos casos, los listados por Poder no incluyen candidatas ni candidatos suficientes para ocupar los 105 cargos disponibles, por lo que una vez conocidos los resultados habría que definir cómo se complementan los cargos vacantes. “Esta irregularidad no aplica en el ámbito federal”, se indicó.
Duración de los cargos y sueldos diferenciados
Otra observación relevante es que la duración de los cargos varía según el Poder que postula.
Por ejemplo, se establecieron en la reforma judicial local siete años si se trata de la planilla postulada por el Legislativo; ocho, si fue el Judicial, y nueve si fue el Ejecutivo.
También se advierten diferencias en las percepciones salariales de jueces y magistrados, particularmente en el caso de los juzgadores en materia indígena, que reciben los salarios más bajos del sistema judicial local, lo que fue señalado como una forma de discriminación institucional.
Los sueldos fijados rebasan los 200 mil pesos. Quien ocupe la presidencia del Poder Judicial estatal ganará 265 mil 109 pesos; las y los magistrados 213 mil 088 pesos; en la magistratura para Adolescentes, 70 mil 238; en la magistratura para Asuntos Indígenas, 51 mil 957 pesos; las y los consejeros, 211 mil 877 pesos y las y los jueces, de 51 mil a 65 mil 832 pesos.
