Antes de tomar decisiones sobre la demolición o creación de algún corredor turístico en el polémico muelle de la empresa Ultramar, ubicado en la desembocadura de la avenida Constituyentes en Playa del Carmen, será necesario contar con estudios especializados para determinar las mejores alternativas, afirmó Guadalupe De la Rosa Villalba, coordinadora del Movimiento Ecologista Ciudadano Yax Cuxtal. Este llamado surge ante las pretensiones de la empresa para demoler y reconstruir el muelle, que fue construido de manera ilegal y cuya operación ha sido objeto de controversia desde hace años.
De la Rosa Villalba recordó que este muelle fue erigido mediante una serie de amparos y procedimientos irregulares. “Se pudo demostrar que falsearon y omitieron información, particularmente sobre la existencia del arrecife Jardines, ubicado a solo 80 metros de la construcción”, señaló. Además, en 2015, tanto empresarios como ambientalistas lanzaron una petición en la plataforma change.org para frenar la operación del muelle debido a su impacto ambiental.
Casi una década después, la empresa Ultramar ha planteado la demolición del muelle, pero no con el fin de remediar el daño causado, sino para construir uno mayor, lo que, según De la Rosa Villalba, pondría nuevamente en riesgo la zona arrecifal y otros puntos de interés turístico y ecológico, como Shark Point, un sitio frecuentado para el nado con tiburones.
La historia de este muelle está plagada de irregularidades y conflictos legales. José Gómez Burgos, líder de la cooperativa de pescadores Xaman Ha, explicó que el muelle atraviesa dos importantes arrecifes, Shangrilá y Jardines, espacios fundamentales para el buceo recreativo en la región. Asimismo, recordó que en 2012 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió una orden de demolición debido al impacto ambiental de la estructura, aunque esa resolución fue finalmente anulada.
Por su parte, Lenin Amaro Betancourt, presidente de la Comisión de Turismo de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales (ANCER), enfatizó que el muelle de Ultramar es una “deuda histórica negativa” debido a su origen ilegal. A pesar de los juicios ganados que ordenaban su demolición, un amparo permitió que la infraestructura siguiera operando, pero con serios cuestionamientos sobre su legalidad y calidad constructiva.
Guadalupe De la Rosa insistió en que cualquier futuro para esta infraestructura deberá ser decidido mediante un proceso legal claro, con estudios científicos que midan el impacto ambiental. “Demolerlo o construir cualquier otra cosa requiere de un resolutivo basado en ciencia”, concluyó.
El futuro de esta obra sigue siendo incierto, pero lo que está claro es que las decisiones que se tomen tendrán profundas repercusiones tanto para el medio ambiente como para la comunidad de Playa del Carmen.
