La gobernadora de Quintana Roo, “Mara” Lezama, confirmó que su administración presentó una demanda penal contra la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), conocida como Aguakan, pero se abstuvo de ofrecer detalles sobre el proceso legal en curso, para no entorpecerlo.
Cuestionada sobre el tema, ayer, indicó que se ha hecho eco de los resultados de la consulta popular celebrada en 2022, donde la población expresó su descontento con el servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje, saneamiento y tratamiento de aguas residuales que da la empresa.
Ante la posibilidad de una revocación del contrato con Aguakan, la gobernadora aseguró que el gobierno estatal analiza escenarios para garantizar la continuidad del servicio.
“Todas las decisiones que tomemos serán en beneficio de la ciudadanía y estarán respaldadas por estudios minuciosos”, dijo.
Al preguntarle sobre si ante la probable revocación de la concesión, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), estaría en posibilidad de hacer frente a la dotación del servicio, cuando carece de infraestructura y recursos, eludió responder, pero aseguró que las decisiones que se tomen, serán en bien de la población.
La magnitud de la denuncia
Conforme a la información oficial consultada por NewsDay Caribe, la acción legal fue interpuesta por el gobierno estatal, a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, encabezada por Carlos Felipe Fuentes del Río, en contra de DHC y de dos representantes de la empresa. Incluso, están incluidos ex funcionarios del propio gobierno del estado.
La denuncia se presentó ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda, la cual forma parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que indaga delitos financieros de alto impacto que afectan, la economía de México.
Esta Fiscalía Especializada se encuentra dentro de la estructura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la FGR y se encarga de investigar delitos relacionados con Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero); falsificación, alteración y distribución de moneda, tanto nacional como extranjera.
Citados para audiencia de formulación de delito
De acuerdo con datos notificados por Aguakan, se ha fijado el próximo tres de marzo como fecha de la audiencia inicial para la formulación de imputación de delito, en contra de dos representantes de la compañía, quienes tendrán que presentarse ante un Juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal, en la ciudad de Cancún.
Estos directivos comparecerán bajo los efectos de una suspensión provisional, concedida por un juez, ante el cual promovieron un amparo, lo cual impide su detención y les permite comparecer a la audiencia en libertad.
Antecedentes de la denuncia
De entrada, la denuncia se remonta al 05 de diciembre del 2014, cuando la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la CAPA firmaron un contrato con Aguakán para que, a cambio de una contraprestación por mil 55 millones de pesos, se le prorrogara anticipadamente el titulo de concesión al 2053 en Cancún e Isla Mujeres.
La negociación incluyó la entrada de la empresa en Solidaridad, para brindar también el servicio de agua potable y alcantarillado.
La concesión original se contrató el 20 de octubre de 1993 con vigencia a 30 años, por lo que culminaba hasta el 20 de octubre del 2023, pero la empresa se anticipó casi una década para extender la vigencia del trato, a través de la firma del convenio antes referido.
A petición de DHC-Aguakan, el 12 de noviembre de 2014, el Consejo Directivo de la CAPA aprobó prorrogar anticipadamente la vigencia del titulo de concesión, hasta el 2053.
Aquella sesión, con carácter de extraordinaria, fue presidida por el entonces gobernador, Roberto Borge y contó con la presencia de la entonces directora de CAPA, Paula González Cetina.
En esa reunión se aprobó la modificación de varias cláusulas del titulo de concesión, que versaban sobre la vigencia del contrato, las tarifas, el pago de una contraprestación periódica a la CAPA, y otra contraprestación “extraordinaria y única”, por mil 55 millones de pesos, para lo cual se firmó, posteriormente, un contrato el 5 de diciembre de ese año, acordando la renovación anticipada de la concesión, el 18 de diciembre de 2014.
Los presidentes municipales del momento –Paul Carrillo, en Cancún; Agapito Magaña, en Isla Mujeres y Mauricio Góngora, en Solidaridad– en Cabildo, votaron a favor, en sesiones privadas, a puerta cerrada, en franca opacidad.
Para el 11 de diciembre de ese año, la XIV Legislatura aprobó el decreto 250 para prorrogar, anticipado a su vencimiento, la concesión en Cancún e Isla Mujeres e incorporar a Solidaridad.
Entre los votos a favor estuvieron los de entonces diputadas como Marybel Villegas y José Luis “Chanito” Toledo.
Los mil 55 millones debieron entrar a las arcas de la CAPA, pero el dinero fue desviado a la Sefiplan, entonces a cargo de Juan Pablo Guillermo Molina, a decir de Gerardo Mora, quien años después quedó a cargo del organismo operador de agua potable.
¿Qué denunció el gobierno de Quintana Roo?
El actual gobierno de Quintana Roo alega que los funcionarios públicos que firmaron el convenio de prorroga anticipada “carecían de facultades legales para suscribirlo y gestionar el cumplimiento de las condicionantes” y que los apoderados de Aguakán y la propia empresa “promovieron la alegada conducta ilícita de los servidores públicos, presuntamente cometiendo el delito de promoción de conductas ilícitas”.
La Consejería Jurídica sostiene que, incluso, se configura el probable delito de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocido como lavado de dinero.
En contraste, Aguakan y su equipo de asesores legales consideran que los hechos materia de la investigación, por los cuales se formulará la imputación, el próximo 3 de marzo, “no son constitutivos de delito”, pues el contrato fechado el 5 de diciembre de 2014, junto con los acuerdos del 12 de noviembre de ese año, “se llevó a cabo y formalizó en estricto apego y cumplimiento a las leyes aplicables, de forma institucional y transparente”.
Del pago de mil 55 millones de pesos, por concepto de contraprestación única, argumenta que se realizó el depósito y el evento se divulgó como relevante el 19 de diciembre del 2014.
