El Colectivo Verdad, Memoria y Justicia, integrado por madres buscadoras, presentó una iniciativa ante el Congreso de Quintana Roo para la creación de la Ley Estatal de la Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, con la cual buscan atender la crisis forense y la falta de operativos de búsqueda por parte de las autoridades de investigación.
La propuesta de ley contempla 125 artículos, divididos en cinco títulos, basados fundamentalmente en el marco nacional de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Entre los puntos importantes de la ley local se encuentra la creación de la Comisión de Búsqueda en Quintana Roo, la implementación de un Consejo Ciudadano en el que participen madres buscadoras para coordinar a la Comisión de Búsqueda local, y la propuesta de normas para la actuación de los comités de búsqueda de personas desaparecidas.
Además, se fundamenta la creación de un banco de datos de personas fallecidas y no reclamadas, y se establece una vinculación con la base de datos de las autoridades para incrementar las investigaciones. La ley también determina responsabilidades para los funcionarios públicos que sean omisos en sus funciones.
Romana Rivera, presidenta del Colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Quintana Roo, explicó que es necesaria esta ley para exigir a las autoridades que cumplan con el banco de datos de personas desaparecidas, ya que actualmente la Fiscalía General del Estado (FGE) enfrenta una crisis forense debido a la acumulación de cuerpos no reclamados y graves problemas en el Servicio Médico Forense (SEMEFO).
Tan solo en el colectivo se han encontrado cinco casos de madres buscadoras que, después de exigir a la Fiscalía de Quintana Roo resultados en las investigaciones, descubrieron que los cuerpos de sus hijos e hijas estaban en el SEMEFO. Estos casos llevaban desde cinco meses hasta cinco años sin ser resueltos.
“Lo hemos llamado crisis forense porque, en cuanto a las víctimas encontradas en el SEMEFO, aun cuando los familiares estuvieron buscando por meses, en el caso del colectivo tenemos cinco víctimas que fueron notificadas de que sus seres queridos estaban ahí: uno de cinco meses, otro de siete meses, uno de cinco años y otro de dos años y medio. Entonces, no son casos aislados”, dijo la activista Romana Rivera.
Mencionó que otra de las grandes deudas de la FGE es que no cuentan con un banco de datos forense actualizado, y las diferentes fiscalías especializadas tienen dispersados los datos en Chetumal y Cancún.
Además, hace años las víctimas no conocían su derecho para solicitar pruebas genéticas, y muchas carpetas de investigación se iniciaron sin esos datos clave, lo cual complicó la localización de víctimas.
En otros casos, hay madres a las que les han tomado hasta cuatro veces en diferentes años las pruebas genéticas, sin obtener resultados tangibles que revelen el paradero de los cuerpos de sus seres queridos.
“El banco de datos es urgente y necesario para que la FGE tenga dominio de toda la base de datos y no tengamos que, como víctimas, estar brincando de fiscalía en fiscalía para obtener información. Se necesita recabar y concentrar toda la información para conocer cuántos cuerpos no identificados tiene el Estado en todas las fiscalías”, dijo la madre buscadora.
Aunque no es un dato oficial de la Fiscalía de Quintana Roo, las madres buscadoras del Colectivo Verdad, Memoria y Justicia han visitado el SEMEFO y el panteón forense, donde han observado que se han trasladado al menos 200 cuerpos al panteón. Sin embargo, tienen conocimiento de que hay más de 1,300 cuerpos sin identificar en todo el territorio estatal, entre cuerpos completos y restos óseos.
En 2024, el colectivo recibió la visita de la Comisión Nacional de Búsqueda para actualizar la base de datos de pruebas genéticas de familiares de personas desaparecidas en Quintana Roo. Se espera que las autoridades regresen con la información en julio de 2025 para integrar los nuevos datos a las carpetas de investigación de la FGE y lograr la localización de víctimas.
“Así como nos vinieron a tomar las muestras, van a venir a hacer la entrega víctima por víctima de este dictamen, acompañado de una ficha somatológica practicada por peritos y oficialistas. Esto nos permitirá agregar el informe a la carpeta y pedir de manera precisa que se realice una búsqueda forense con lo que llamamos confrontas”, detalló la presidenta del colectivo.
Madres buscadoras denuncian falta de operativos de búsqueda
Las madres integrantes del Colectivo Verdad, Memoria y Justicia denunciaron que la crisis forense y de búsqueda es tan severa en Quintana Roo que, en algunos casos de desaparecidos, las autoridades se han negado a realizar búsquedas de campo al considerar que son zonas “calientes”, con altos niveles de peligrosidad debido a la presencia de grupos delictivos.
Verónica Gallardo, quien busca a su hija Melisa Aurora Encinas Gallardo, desaparecida hace cinco meses en la comunidad de Melchor Ocampo, Bacalar, denunció que desde que se inició la carpeta de investigación, la FGE no le ha proporcionado nuevos datos sobre los avances. Cuando acude a preguntar, las autoridades le responden que no tienen internet en las instalaciones y que no pueden entrar a hacer operativos de búsqueda porque es una zona peligrosa.
“Hasta la fecha, la Fiscalía no me da ningún resultado, ninguna investigación. Solo me dicen que no hay internet, que no hay manera de comunicarse y que es una zona caliente donde no pueden entrar. Resulta que los maleantes tienen más armamento que la justicia”, dijo Verónica Gallardo.
La madre se siente impotente, ya que las autoridades de investigación no habían realizado ni siquiera una prueba genética desde octubre de 2024. Apenas el 3 de marzo le aplicaron las muestras genéticas a ella, su hijo y su nieto.
“No pueden entrar porque hay halcones. Desde que van entrando, todo el mundo se esconde; es un pueblo fantasma. Apenas el pasado lunes me hicieron la prueba de ADN, después de cinco meses”, relató.
En una situación similar se encuentra Fabiola Magaña, hermana de José Víctor Boris Magaña Jiménez, quien desapareció el 22 de agosto de 2024. El joven de 34 años, originario de la Ciudad de México, se mudó a Cancún por oportunidades laborales, comenzó a trabajar en una tienda y desapareció mientras vivía en la delegación Alfredo V. Bonfil.
La víctima relató que tanto en la Fiscalía de la Ciudad de México como la de Cancún, ha
recibido malos tratos de las autoridades solo por exigir su derecho a una investigación justa
y aporte de datos.
Fabiola ha viajado varias veces desde el centro del país hacia Cancún para buscar información sobre su hermano o datos de avance que se tenga en la FGE, pero las autoridades no le han proporcionado resultados. Incluso le dicen que donde desapareció es una zona “muy caliente” y que no tienen información.
“Mi hermano vino a buscar nuevas oportunidades a Cancún, desgraciadamente no encontró lo que buscaba, comenzó a trabajar en una tienda en Alfredo V. Bonfil y desapareció. La Fiscalía no me da información; solo me dicen que es una zona peligrosa”, dijo Fabiola Magaña.
