La organización Empresarios por Quintana Roo presentó tres iniciativas de ley que fueron entregadas al Poder Legislativo, para atender temas relacionados con el maltrato animal y protocolos para proteger los derechos de las mujeres en prisión.
En conferencia de prensa, la presidenta del organismo civil, Luum Balicheo, Sara Rincón Gallardo, explicó que la problemática de crueldad animal en el Estado es profunda, pues existen bajos niveles de denuncia y la proliferación de animales en abandono crece rapidamente, porque las gatas se reproducen cada dos meses con hasta seis crías, mientras las perras lo hacen cada seis meses con camadas de hasta 12 cachorros, lo cual agrava la problemática.
El presidente de Empresarios por Quintana Roo, Sergio León, agregó que en la entidad hay más de 1.8 millones de habitantes y se calcula que existen por lo menos 180 mil perros callejeros, por lo que la situación debe ser tomada como un problema de salud pública, indirectamente afecta a las comunidades más alejadas y también a la imagen urbana de los destinos turísticos.
¿Qué propone la iniciativa de maltrato animal?
La propuesta busca modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para renombrar la Fiscalía Especializada en el Combate de los Delitos Ambientales, Fauna y Desarrollo Urbano, para convertirla en la Fiscalía Especializada en el Combate de los Delitos Ambientales y Protección Animal.
Este ajuste tiene como objetivo dar paso a la creación de tres nuevos Ministerios Públicos (MP) al interior de la Fiscalía de Quintana Roo, para la realización de denuncias relacionadas con el maltrato animal.
La propuesta es que se abran las oficinas para denuncias en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, explicó la presidenta de la Comisión de Justicia de la XVIII Legislatura, Paola Moreno.
El proyecto de ley fue entregado a Oficialía de Partes del Congreso de Quintana Roo, donde será turnado a la comisión correspondiente para su análisis y aprobación.
La diputada local, Paola Moreno, explicó que la finalidad es que sea aprobada en 2025, para que su implementación se consiga en 2026, pues estas modificaciones al interior de la FGE, requerirán de presupuesto para su implementación, entre ellas, adecuaciones en las instalaciones para incluir la mesa de denuncias, así como inversiones en capacitación y contratación de personal para la integración de los expedientes.
“Lo comentábamos con el fiscal, que esto tiene un impacto presupuestario, y por eso es que este año no se puede ejecutar, porque es un presupuesto que ya se aprobó, y se está pensando que se puede ejecutar si así lo aprueba la iniciativa con los diputados en 2026”, dijo la legisladora Paola Moreno.
Mencionó que estos cambios fueron consultados con el titular de la FGE, Raciel López Salazar, quien informó que en Quintana Roo existen al menos 50 carpetas de investigación por el delito de maltrato animal, sin embargo, solo se ha logrado tener sentencia en un solo caso, mientras que en el resto se continúan las investigaciones.
Presentan otras dos iniciativas
Otra de las iniciativas presentadas en la XVIII Legislatura, es la implementación de un protocolo de atención a mujeres que están embarazadas y se encuentran cumpliendo o a espera de una sentencia en los Centros Penitenciarios de Quintana Roo, la misma propuesta busca que se hagan modificaciones al mobiliario para que existan ludotecas para las infancias.
“Lo que se busca es contemplar un protocolo, que por ley exista para que una vez que una mujer que se encuentra privada de su libertad, esté embarazada, se garantice este derecho de poder contar con una atención oportuna,digna, eficaz, con una atención médica durante toda su etapa de gestación, y también contempla esta iniciativa espacios dignos para la mujer embarazada privada de su libertad, y también espacios dignos para sus hijos”, sostuvo de la diputada local.
Actualmente hay seis mujeres que viven con sus hijos en el Centro Penitenciario de Cancún, en el que también se incluyen tres mujeres que actualmente están embarazadas, y criarán a sus hijos e hijas en la cárcel, hasta que cumplan los tres años, cuando por ley deben abandonar el penal los menores de edad.
La tercera iniciativa está enfocada a garantizar un lenguaje inclusivo, no sexista y no discriminatorio dentro de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública.
