El gobierno de Quintana Roo rechazó esta noche que la demanda penal presentada contra Desarrollos Hidráulicos Cancún (DHC), Aguakan, sea una represalía, por haberse negado a venderle la empresa por debajo de su valor real, como lo denunció la compañía.
Aguakan posee una concesión de agua potable, alcantarillado y saneamiento vigente en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad hasta 2053, y está demandada por el gobierno estatal debido a que en 2014, de forma presuntamente ilícita, logró que la administración encabezada por Roberto Borge le renovara el contrato anticipadamente, a cambio de una contraprestación “única y extraordinaria”, de mil 050 millones de pesos.
El actual gobierno, liderado por “Mara” Lezama, argumenta que los entonces funcionarios que aprobaron extender la vigencia de esa concesión, carecían de facultades para ello –por tanto también están demandados– y que la empresa se prestó a una operación presuntamente ilegal.
La concesionaria denunció el pasado 19 de febrero que el gobierno estatal inició “una ofensiva legal” en su contra, presentando una denuncia penal en contra de sus directivos y consejeros.
NewsDay Caribe detalló el alcance de la denuncia –que implica a exfuncionarios de la administración borgista– razones, tiempos procesales, fecha de próximas audiencias ante juzgados y que la empresa ha recurrido a un arbitraje internacional.
Hoy, el diario Reforma publicó que la compañía asegura que la razón de lo que denominan “acoso legal”, es que presuntamente la autoridad estatal pretende despojarles no solo de la concesión, sino obligarles a vender sus activos a otra empresa “favorita” por 4 mil 500 millones de pesos, “una cuarta parte de su valor real”, para hacerse cargo del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Niegan extorsión para vender Aguakan
Esta noche, la titular de la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres, acompañada por secretaria de Corrupción y Buen Gobierno, Reina Arceo; el consejero jurídico, Carlos Fuentes, y el director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Hugo Garza, salió a negar estas acusaciones y a dar su versión sobre lo que motivó la acción legal.
“Las acciones que el gobierno del estado ha emprendido, en ningún momento han implicado acoso, ni acuerdo alguno. Fue la empresa quien ofreció la posibilidad de que el estado adquiera a Aguakan (es decir, que se le compre la empresa) a lo que categóricamente se le respondió que no. Que la concesión debe terminar”, sentenció la funcionaria, en una conferencia de prensa en la que no se permitieron preguntas, para “no entorpecer el proceso legal”.
Torres Gómez admitió que hubo un encuentro –cuya fecha no precisó– entre representantes del gobierno y de Aguakan, a solicitud de la empresa, no de la autoridad.
“El gobierno del estado accedió a la reunión teniendo como premisa fundamental el argumento de una posible afectación al interés de inversionistas de las Afores.
“Dicha reunión se efectuó estando presentes abogados del estado y asesores jurídicos de los ayuntamientos encabezados por el director general de CAPA”, expuso.
Foto: Paola Chiomante
Agua tratada por Aguakan está contaminada, alerta gobierno
Uno de los hallazgos más graves expuestos hoy por las autoridades, para fundamentar porqué la concesión de Aguakan debe terminar, es la probable contaminación del agua potable en el estado.
Cristina Torres informó que, con base en estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), CAPA, IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud y laboratorios especializados, se detectó la presencia de contaminantes en niveles que superan los límites permitidos por las normas oficiales mexicanas.
“Se detectó en el agua potable la presencia de contaminantes en parámetros fuera de los límites permisibles, lo que representa un riesgo inminente para la salud de la población”, subrayó.
En cuanto a las aguas residuales tratadas por la concesionaria, se hallaron E. coli y coliformes fecales en niveles muy por encima de lo permitido.
“Estos contaminantes, al ser inyectados al manto freático, generan un daño irreversible al medio ambiente”, sostuvo.
Foto: Paola Chiomante
Denuncias por corrupción y prórroga ilegal de la concesión
Para explicar el origen de la concesión y el litigio legal actual, la funcionaria recordó que el contrato original data de la década de los 90 con vigencia a 30 años, en Cancún e Isla Mujeres.
Sin embargo, antes de vencer su término, fue prorrogada “de manera ilícita” –dijo– en 2014, hasta 2053. Además, se incluyó por primera vez a Solidaridad.
El 16 de mayo de 2024, el gobierno del estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Después de integrada la carpeta de investigación, se determinó que había elementos suficientes para proceder contra directivos de la empresa DHC-Aguakan.
“El juez federal competente encontró datos de prueba que demuestran el delito de promoción de conductas ilícitas”, ahondó, al señalar que se libraron órdenes de aprehensión contra directivos de Aguakan por operaciones con recursos de procedencia ilícita y promoción de conductas ilícitas de servidores públicos.
