La vocera del Colectivo Feminista Xtabay Quintana Roo, Ariadne Song, consideró que las autoridades que manejarán el refugio que albergaba a mujeres víctimas de violencia extrema, en Playa del Carmen, deben rendir cuentas sobre la forma en que funcionó el sitio y evitar que se repliquen las deficiencias con que operó en el pasado.
La también fundadora de la Red de Víctimas Quintanarroenses, expuso que el espacio carecía de capacidad de acción para la atención de personas con discapacidad y mujeres con ciertas condiciones psiquiatricas, elementos que deben tomarse en cuenta en el futuro inmediato una vez pasado el periodo de transición que dará vida a un nuevo refugio y a su centro de atención.
La activista marcó algunas fallas en materia de protocolos de seguridad, como el hecho de que aún cuando el personal del recinto prohíbia a las víctimas usar el celular, les permitián salir para hacer las llamadas, lo que las dejaba expuestas ante sus agresores.
Ariadne Song mencionó que no hay cuentas claras y tampoco existe transparencia sobre el personal directivo.
También dijo que “hay mujeres que se han salido de este refugio, porque se han sentido violentadas”.
En torno a las mujeres que requieren tratamiento psiquiátrico, deben ser canalizadas a Merida, Yucatán, porque en el refugio no existía ese nivel de atención, pero en aquella entidad, la institución tampoco brinda condiciones adecuadas.
Quintana Roo tampoco cuenta con un Centro de Internamiento para la Atención a Problemas de Salud Mental, acotó.
En el Informe Sombra que elabora su organización, Ariadne Song manifestó que ha atendido 300 casos de mujeres aquejadas por distintos tipos de la violencia.
Calcula que ha captado un 10 por ciento de los casos para acompañamiento victimal, que son por violencia de género.
Destacó que las acciones en el refugio eran “tan inconsistentes”, como el cerrar el refrigerador por las noches, para que las madres no pudieran darles de comer a sus hijas e hijos bajo resguardo.
“Estas historias no las escuchas de la autoridad, porque quieren tapar el sol con un dedo”, reprochó.
Admitió que existe preocupación por la transición del refugio y resaltó que, anteriormente, ya habían alzado la voz sobre las malas condiciones en las que se encontraba, pues de acuerdo con algunas mujeres solo les daban alimentación y un área para asearse, incluso denunciaron que requerían un trabajador social y un psicólogo.
Indicó que los funcionarios de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo) solo se limitan a conseguir el dinero para el traslado de las víctimas.
En su opinión, dichos funcionarios deberían de encargarse de fomentar el acceso de las víctimas a la justicia y como ejemplo citó el desalojo del agresor de su domicilio, la reinstalación de las mujeres en su domicilio y darles medida de protección como patrullajes.
Señaló que la estadística de las agresiones que sufren las mujeres por parte de sus victimarios, disminuiría si la autoridad aplicara la colocación de un brazalete electrónico para monitorearlos y que no se acerquen a la víctima, como dicta la ley, pero los funcionarios no lo hacen.
“Entre la entrega-recepción de este albergue, la violencia no conoce de partidos. La violencia de género todos los días está asesinando a las mujeres. Por ello, todos los días se requiere que este refugio esté abierto”, destacó.
Contrario a lo que declaró la secretaría de Gobierno, Cristina Torres, en cuanto a que Solidaridad presentaba baja demanda de atención para el refugio para victimas de violencia extrema, Song señaló que hay una alta incidencia de feminicios, desaparición forzada, así como diversos tipos de violencia: sexual, física, digital, vicaria y familiar.
La activista especificó que contar con un refugio de ese tipo no es una concesión de la autoridad, sino una obligación, establecida en el Artículo 137 y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que se debe remitir a una víctima, a un albergue temporal.
