Vicente de Jesús Franco Reyes fue removido el mes pasado, como director general de Licencias de Bebidas Alcohólicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), luego de que su ex pareja, Lucero Ojeda, hiciera pública la denuncia por violencia familiar que él ejerció en su contra.
Además de ello, durante el proceso judicial, la mujer sufrió actos de intimidación, como el incendio y disparos en contra de su vehículo.
En curso hay otra denuncia en contra del ex funcionario, por presunto intento de feminicidio y el escándalo propició que fuese separado del cargo. Ahora, ella teme por su vida y se encuentra bajo resguardo, por recomendación de sus abogados.
De acuerdo con la víctima la violencia comenzó a partir de que decidió concluir con el matrimonio derivado de varias acciones de maltrato, después de permanecer 17 años casados y tener dos hijos en común, justo en la etapa de separación de bienes.
El entonces funcionario promovió una demanda de divorcio en abril de 2024, ajustando un convenio para que no reciba una pensión alta, pues se acordó a petición de él que sea de 14 mil pesos.Franco Reyes ha trabajado en cargos altos desde el gobierno estatal en la época del ex gobernador Roberto Borge Ángulo y, hasta febrero pasado, era el director general de Licencias de Bebidas Alcohólicas en la Sefiplan.
Antes de ser removido de ese encargo, tenía un salario de 59 mil 546 pesos mensuales, de acuerdo con datos de la Sefiplan, consultados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
“El tiene muchos negocios, rentas de locales, casas, a lo cual yo no puedo pelearle nada porque está a nombre de sus padres, pero tiene ingresos superiores que ronda en unos 400 mil pesos mensuales”, sostuvo la víctima.
Los problemas escalaron pues Lucero Ojeda denunció que conforme han avanzado los meses, el ex funcionario estatal no ha depositado pensión para sus hijos desde agosto de 2024, y ha realizado diversas demandas con acusaciones falsas relacionadas con violencia física y vicaria buscando quitarle la custodia de sus hijos, y presiones para que renuncie al acuerdo por el cual se casaron a través de bienes mancomunados, pues quiere que renuncie a todo.
Actualmente la víctima solo vive con su hijo menor de edad, dejó la vivienda que tenía para evitar ataques, y desde la separación tienen visitas supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) en Cancún, pues el exfuncionario tiene derecho a ver a su hijo menor los domingos, y acude con sus guardaespaldas y choferes que tiene por parte del Estado.
El pasado 6 de octubre de 2024, estuvo a punto de ser detenida por dos policías mientras salía del Cecofam, por una presunta acusación de conducir un vehículo con reporte de robo, y aunque los policías nunca presentaron una orden de captura y la intimidaron para detenerla. La víctima no se bajó y logró que los policías desistieran de la captura.
Después la denunciaron por el delito de falsificación de documentos y fraude en Mérida, Yucatán, al revisar el expediente con su equipo legal observaron que tenía varios señalamientos falsos y no se hicieron actos de investigación, tuvo que ampararse para evitar la captura.
“Las órdenes de aprehensión son porque no me presento, pero no tengo ninguna notificación, nunca supe de esas denuncias, si yo hubiera sabido, voy a los procesos, a las audiencias, llevo mis pruebas, pero no me dieron derecho a nada, no me escucharon y no me notificaron”, dijo la víctima.
También la demandó por el delito de sustracción de menores, porque en tres fines de semanas seguidos no llevó al menor al Cecofam, debido a que el menor de edad se encontraba enfermo, y aunque se entregaron los justificantes médicos ante el Juzgado Familiar, y las autoridades validaron las faltas, el funcionario la demandó de todas formas.
Para defenderse, Lucero Ojeda lo demandó por violencia en abril de 2024, pues señaló que ha mandado personas a vigilarla y actualmente tiene órdenes de protección para evitar que su agresor se acerque.“Por todo lo que ha pasado, vivo con temor, intento no estar sola, por este temor he estado con mi familia”, dijo Lucero Ojeda.
La víctima alzó la voz porque recientemente el 8 de febrero de este año recibió un ataque a su vehículo, con un intento de incendio. Fue visto por vecinos la participación de un presunto hombre que con cartón intentó colocar el fuego por debajo del vehículo. Fue visto a tiempo por un vecino y lo apagó.
Posteriormente, el 10 de febrero de 2025, después de que llevó a su hijo a Cecofam para las visitas supervisadas en domingo, regresó a casa de su madre el lunes, su vehículo permaneció estacionado y recibió un nuevo ataque, esta vez con impactos de bala. Ante todos los actos de intimidación, la víctima tiene interpuesta dos denuncias, una por violencia familiar, vicaria y económica desde abril de 2024 y la más reciente en febrero de 2025 por el delito de tentativa de feminicidio.
La víctima dijo que teme por su vida, incluso ahora más porque la Sefiplan, lo removió de su cargo, teme por su seguridad y a un nuevo ataque, por lo que se mantiene resguardada por recomendación de su abogado y solicita a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue su caso.
“Teniendo el dinero, influencia, amistades, contactos, se siente con valor y cobijado para hacer todas estas acciones en contra mía, quiero que se hagan las investigaciones pertinentes para llegar al culpable, puedo decir que es él, pero quiero que se hagan las investigaciones”, sostuvo la víctima.
Sefiplan coloca a nueva encargada de despacho
El pasado 21 de febrero de este año, la Sefiplan confirmó la salida del Director General de Bebidas Alcohólicas, Vicente de Jesús Franco Reyes, debido a los señalamientos de su ex pareja de intimidación y violencia en su contra.
En su lugar fue designada como nueva encargada de despacho a Claudia Hernández Puig. De acuerdo con la Sefiplan este cambio se produjo para que el funcionario atienda temas de índole personal.
