Lo que comenzó como un operativo para combatir la trata de personas en Cancún, terminó con una denuncia contra fiscales especializados y policías, por presuntos actos de tortura contra 19 trabajadoras del bar la “Oficina”, quienes habrían sido retenidas durante varias horas al momento del cateo realizado el 31 de agosto de 2023.
La fundadora de la organización “Somos Tus Ojos”, Fabiola Cortes, presentó hoy las primeras denuncias en contra de integrantes de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niños, Niñas y Adolescente, Cinthia Dianel Pérez Mérida y Paola Arian Sánchez Sánchez; lo que incluye al vicefiscal de Investigación Especializada, Sergio Iván Cruz Ledezma y al policía de investigación de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), Mario Isaías Gongora Reyes, por el delito de tortura.
Los hechos ocurrieron la noche del 31 de agosto de 2023, aproximadamente a las 23:30 horas, cuando la Fiscalía de Quintana Roo realizó un operativo contra la trata de personas, a partir de una denuncia anónima y de la información recabada por un policía encubierto, en el bar llamado la “Oficina VIP, la original”, ubicado en la Supermanzana 92 en Cancún.
La abogada explicó que el cateo estaba programado para que ingresaran 15 elementos de la policía de investigación, pero al final entraron más de 30, entre ministeriales y fiscales encapuchados, quienes detuvieron a 19 mujeres, entre meseras, personal de administración y cajeras.
A su ingreso, los oficiales desconectaron todas las cámaras de seguridad y el cableado para asegurarse que no se grabaran las acciones del operativo, mientras que el grupo de mujeres fue retenido dentro de dos camionetas por más de seis horas. Las empleadas quedaron incomunicadas, pues les retiraron el celular; tampoco se les permitió ir a un sanitario.
Las mujeres fueron obligadas a declarar sin un asesor jurídico, lo cual es ilegal; les tomaron sus datos generales y les hicieron firmar una hoja en blanco, que después fue rellenada por las propias autoridades con información a modo, que se usó presuntamente para incriminar a José Antonio Terrones, un trabajador del bar, a quien se acusó como presunto tratante de personas.
“En las declaraciones les hicieron poner que ellas eran explotadas sexualmente, que le daban el 50% de lo que obtenían a la persona, que estuvo privada de su libertad debido a estos hechos, y les hicieron firmar esas declaraciones. Repito, en blanco, ellas únicamente les tomaron sus generales bajo la amenaza de que si no la firmaban no iban a salir de allí”, dijo la abogada Fabiola Cortés.
El hombre fue vinculado a proceso el ocho de septiembre y pasó más de tres meses encarcelado, hasta que un juez de Control, el 30 de noviembre de 2023, analizó el caso y observó las irregularidades en el proceso, por lo cual dejó sin efectos el auto de vinculación. Terrones fue liberado al no encontrar pruebas suficientes para retenerlo en la cárcel.
Cortés Miranda detalló que el operativo se realizó a partir de una denuncia anónima, que señalaba que en el bar se realizaban actividades sexuales.
Las autoridades usaron la figura de “policía encubierto” para ingresar al bar como cliente y obtener datos de prueba. Según su testimonio, le ofrecieron sexoservicio y ello bastó para que un juez obsequiara la orden de cateo.
De las 19 víctimas retenidas por la FGE, seis personas procedieron contra los fiscales especializados y funcionarios de investigación por el delito de tortura, al señalar violaciones a sus derechos humanos por el trato inhumano que recibieron durante el cateo, el aislamiento de seis horas, la incomunicación prolongada y por hacerlas firmar bajo amenaza el documento que incriminaba a Terrones.
Como parte del operativo, el bar fue asegurado y las autoridades iniciaron un proceso de extinción de dominio, para que el Estado, se quede con la propiedad, por los presuntos delitos cometidos.
La activista mencionó que aun cuando el caso se cayó, el inmueble no ha sido entregado a los propietarios y sigue asegurado.
Hoy se presentaron tres de las seis denuncias contra las y los funcionarios públicos; entre las pruebas que serán aportadas están algunos videos rescatados por personal de videovigilancia del bar, que muestran escenas del operativo, que acreditan que las trabajadoras del lugar no estaban ejerciendo prostitución y no estaban semidesnudas como asegura la Fiscalía de Quintana Roo.
Por lo que espera que las denuncias prosperen pues las penalizaciones carcelarias por tortura van desde 10 a 20 años, y se agrega una mitad más cuando este delito lo ejercen funcionarios públicos, esto de acuerdo con el artículo 24, fracción segunda de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura.
