Organizaciones civiles, colectivos ambientalistas, empresariales y ciudadanos exigieron al Congreso de Quintana Roo que el proceso de armonización de la Ley estatal de Transparencia se lleve a cabo mediante un Parlamento Abierto, con mecanismos reales de participación ciudadana, análisis técnico y garantías para fortalecer —y no debilitar— el acceso a la información.
Representantes de Ciudadanos por la Transparencia (CxT), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Centinelas del Agua, Cimac-Cozumel, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Riviera Maya (Amexme) y Amigos de Sian Ka’an presentaron una propuesta ciudadana con 14 recomendaciones para asegurar que la ley local no sufra retrocesos y evitar que el nuevo marco legal se convierta en un instrumento de opacidad o control político.
“Necesitamos que el Poder Legislativo haga un proceso de armonización abierto, que establezca un Parlamento Abierto para discutir cómo tiene que ser esta ley y para que con la ciudadanía quintanarroense se generen acuerdos”, afirmó Cynthia Dehesa, de CxT.
Advirtió que el Congreso ha venido aprobando reformas federales “en tiempos tan acelerados que nos hace dudar que las leyeron”, y alertó sobre la posibilidad de que ocurra lo mismo con la Ley de Transparencia.
“Es importante que esta ley, para generar confianza con la ciudadanía, no se lleve a cabo de la misma manera”, dijo.
Al subrayar que la transparencia “no es moda, es herramienta” y el nuevo marco legal debe garantizar el derecho a entender, mejorar la calidad y utilidad de la información pública y asegurar una verdadera apertura institucional.
Dehesa indicó que existen señales preocupantes en la redacción preliminar del marco legal.
“Nos preocupa el lenguaje ambiguo, porque por ahí luego se quieren meter fraseos que pueden limitar el derecho a la información”, dijo.
También denunció que se pretende eliminar el principio de la prueba de daño, fundamental para la reserva de información.
“En el anterior marco legal se tenía que demostrar por qué divulgar esa información generaría un daño mayor. Ahora, eso podría eliminarse”, consideró.
La activista sostuvo que la Ley de Transparencia no puede construirse a espaldas de la ciudadanía, ni redactarse en la opacidad.
En ese sentido, Alejandro Tamayo, de Centinelas del Agua, subrayó que el Parlamento Abierto no puede reducirse a un simple “pase de lista”, en el que se les convoca, se les escucha, pero no se integran sus observaciones.
Es momento de ser líderes en transparencia, no solo en turismo: CEMDA
El abogado Aarón Siller, representante del CEMDA en el sureste mexicano, enfatizó que el contexto actual exige una vigilancia ciudadana más activa.
“El tema principal aquí es que exista la voluntad del Estado, de los legisladores, de involucrar a los ciudadanos en la construcción de esta ley; que tengan la voluntad de responder a sus obligaciones de transparencia y acceso a la información.
Prácticamente cada solicitud que se hace se tiene que llevar a recurso de revisión, porque no existe la voluntad de facilitar a los ciudadanos la información”, dijo.
El activista respaldó lo dicho por Dehesa en torno a que no es obligación hacer un “copy paste fast track” de la Ley estatal, cuando Quintana Roo cuenta con particularidades que lo diferencian de otras entidades y que deben reflejarse en el nuevo marco legal.
“Así como somos líderes en turismo, también es momento de que seamos líderes en transparencia y acceso a la información. Por eso hacemos este llamado a los legisladores, al Parlamento Abierto, a la participación ciudadana”, subrayó.
Amexme: “Queremos certeza, no discrecionalidad”
Desde el sector empresarial, Valeria Rindertsman, presidenta de Amexme Riviera Maya, respaldó la importancia de que la iniciativa privada cuente con una ley que asegure la transparencia y rendición de cuentas.
“Tener una normatividad transparente y clara hace que sepamos perfectamente cuáles son los procesos administrativos, no solamente para licitaciones, concesiones, etcétera, sino simplemente para generar nuestros permisos y licencias de funcionamiento”, explicó.
Señaló que muchas veces se enfrentan a criterios discrecionales, cambios de reglas sin aviso y tratos diferenciados según quién esté al frente del área correspondiente.
“Eso genera corrupción, genera incertidumbre. Lo que queremos es certeza jurídica, reglas claras, procesos abiertos”, resaltó.
También llamó a las empresas a no ser omisas.
“La misma transparencia te va a llevar a que tú puedas denunciar oportunamente. Y eso tenemos que trabajarlo mucho los empresarios también, en hacer este ejercicio”.
Recordó que el dinero público proviene en buena medida del sector productivo, por lo cual existe una correlación con la rendición de cuentas.
“Las empresas pagamos muchísimos impuestos y tenemos derecho a saber en qué se utilizan, cómo se utilizan y qué beneficio tenemos nosotros de regreso”, añadió.
Justicia ambiental: “El derecho a saber es también el derecho a defender la tierra”
Alejandro López Tamayo, de Centinelas del Agua, advirtió que sin acceso a la información, las comunidades no pueden defender su territorio, sus recursos, ni su medio ambiente, lo cual no ha sido tomado en cuenta en el marco legal de la materia, implicando un obstáculo para acceder a la información.
“Recordemos que el derecho a un medio ambiente sano aplica para todos y no aplica por división política. Pero hoy, si tú no vives en Bacalar, no puedes hacer una solicitud de Bacalar. Y eso no tiene sentido. El planeta es uno y los ecosistemas no tienen fronteras”, aclaró.
También denunció que la brecha digital es un obstáculo real.
“Basta ir a las comunidades: si ellas no tienen forma de acceder, no hay un mecanismo dentro de sus alcaldías o de los comisarios que puedan solicitar esta información”.
Afirmó que ya han identificado varias “inconsistencias” en la información oficial y que la opacidad obstaculiza la defensa del agua, del territorio y del futuro ambiental del estado.
“¿Cómo van a defender un manto acuífero si no tienen datos sobre las descargas? (de agua) ¿Cómo van a cuestionar un desarrollo si no pueden saber qué autorizaciones tiene? Necesitamos una ley que funcione también para ellas, para las comunidades”, aseveró.
¿Cuáles son las sugerencias impulsadas desde la ciudadanía?
El listado de recomendaciones surgió de la revisión técnica de las reformas hechas a la Ley General y del diálogo con las y los actores especializados:
- Mantener la progresividad de la ley, es decir, garantizar que esta nueva ley amplíe derechos y no los limite.
- El acceso a la información debe ser oportuno, para que permita la participación pública en la toma de decisiones.
- Se deben armonizar el resto de las leyes del estado en las que se involucra el acceso a la información, la transparencia y la participación ciudadana.
- Garantizar el derecho a entender.
- Asegurar la rendición de cuentas como obligación inherente de las instituciones.
- Mejorar la calidad de la información que recibe la ciudadanía.
- Garantizar la accesibilidad de toda la información pública.
- Garantizar la apertura institucional real.
- Reconocer el acceso a la información ambiental como un derecho humano, en línea con el Acuerdo de Escazú.
- Garantizar el derecho a la información de todo proyecto social o con impacto ambiental ejecutado por instituciones militares.
- Establecer una coordinación clara de responsabilidades para que el sistema funcione.
- Integrar el fortalecimiento municipal en materia de transparencia.
- Aplicar una reforma integral de los archivos para asegurar que la información pública esté bien gestionada, sea fácilmente accesible y esté disponible a largo plazo.
- Garantizar el acceso a la información sin excusas, cuidando el lenguaje de la ley y evitando cualquier fraseo que limite el derecho a saber, lo cual incluye definir claramente qué es la “Paz Social” para evitar reservas innecesarias de la información.
