El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 451 votos a favor, el dictamen que reforma la Ley General de Turismo, para establecer la obligación de los prestadores de servicios turísticos para negar el ingreso de menores de edad a hoteles y alojamientos cuando los adultos no acrediten parentesco, tutela o patria potestad con ellas y ellos.
En contraste, en Quintana Roo, en donde el problema es grave y Cancún y Playa del Carmen están en el foco de esta actividad, una iniciativa similar presentada por la entonces diputada Alicia Tapia y el diputado reelecto, Hugo Alday, ambos por el Partido del Trabajo (PT), fue turnada a comisiones en el Congreso estatal, desde septiembre de 2023, sin haber sido aún dictaminada.
A nivel federal, el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados determina que se deben aplicar protocolos y acciones preventivas, así como medidas de seguridad para salvaguardar la integridad y la vida de niñas, niños y adolescentes, previo a la prestación del servicio de alojamiento, ya sea de manera física o a través de medios electrónicos.
Para ello, en hoteles y alojamientos contratados por plataformas deberá requerirse a las y los turistas que sean acompañados por menores de edad, acreditar el parentesco, la patria potestad, tutela a guarda y custodia que tengan con las infancias y adolescentes o en su caso acreditar su mayoría de edad a través de documentos oficiales.
De lo contrario “se les deberá negar el servicio y se dará aviso a las autoridades investigadoras correspondientes sobre la posible comisión de algún delito”, se lee en el dictamen consultado por NewsDay Caribe.
El documento que adiciona las fracciones X Bis y X Ter al artículo 58 de la Ley General de Turismo, fue avalado, en lo general y en lo particular, con 451 votos a favor y se remitió al Senado para sus efectos constitucionales.
La iniciativa, que busca combatir el turismo sexual infantil, fue presentada por la diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Tania Palacios Kuri, quien preside la Comisión de Turismo en la Cámara Baja.
En tribuna, expuso que más de 16 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual en México, mientras que un millón y medio viven en riesgo latente.
Además –dijo– se calcula que 600 mil turistas sexuales viajan cada año al país y muchos de ellos vienen sabiendo que aquí, con silencio, “pueden destruir infancias sin consecuencias”.
El 36 por ciento de los agresores provienen de Estados Unidos y Canadá y el 10 por ciento de las denuncias apenas alcanzan a salir a la luz, precisó.
“Este dictamen habla de un dolor profundo para el país y que se esconde en las playas de arena blanca, en los hoteles cinco estrellas, en las niñas y niños vendiendo pulseras, en las personas que reciben a turistas de forma sonriente vendiendo mucho de lo que es México”, sostuvo.
México es el segundo lugar en turismo sexual después de Tailandia
Al tomar la palabra la diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), Vanessa López Carrillo, precisó que las y los niños son explotados sexualmente en destinos turísticos como Playa del Carmen, Acapulco y Puerto Vallarta.
“Lugares que deberían ser símbolos de alegría se han convertido en zonas de dolor para muchas infancias y lo más grave es la impunidad. De cada 100 casos de investigación, solo uno alcanza una sentencia condenatoria”, expresó.
México, después de Tailandia, es uno de los principales destinos de turismo sexual infantil a nivel mundial, agregó la legisladora petista.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cada día más de 4 niñas o niños son víctima de abuso sexual.
López Carrillo llamó a las plataformas digitales de alojamiento, al considerar que no es suficiente que lancen políticas de responsabilidad, pues se requiere de compromiso activo y transparente con este tipo de medidas.
En su turno, el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Alejandro Alonso Reyes, consideró que el crecimiento del turismo sexual en México se debe, en parte, a la falta de legislación y acciones contundentes de las autoridades.
“La impunidad y la corrupción permiten que muchas redes de trata de personas operen sin consecuencias”, comentó.
Y en Quintana Roo…congelada
El 25 de septiembre del 2023, Hugo Alday y Alicia Tapia, legisladores del PT en Quintana Roo, presentaron una iniciativa para reformar los artículos 4 y 11 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de combate al turismo sexual.
En su exposición de motivos resaltaron que este “problema grave”, que afecta a distintos países y entidades de la República, está identificado como “preocupante” en destinos del Caribe Mexicano, como Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cozumel, Holbox, Bacalar y Tulum.
Si bien se resalta que las autoridades federales y estatales han actuado para hacerle frente a este delito, el problema persiste.
La iniciativa presentada proponía incluir en la ley antes mencionada, una serie de definiciones en el artículo 4, tales como “anfitrión, plataforma tecnológica o digital, prestador de servicios de hospedaje y servicio de hospedaje”, con la intención de plasmar en el glosario a los sujetos a quienes se dirige la propuesta legislativa, consistente en un articulo 11 BIS.
Éste, establecería que es una obligación de todas las personas involucradas en la prestación de servicios de hospedaje, que tengan conocimiento de que no existe parentesco o filiación entre un menor o menores y los huéspedes, de informarlo así a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del estado, así como a la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas.
Esto incluía adicionar al artículo 119 de la misma ley, la infracción a quien omitiera informar a las autoridades sobre la imposibilidad de acreditar el grado de parentesco entre la persona menor de edad y su acompañante.
Dicha iniciativa se turnó a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, desde el 02 de octubre de 2023, para su analisis, estudio y dictaminación, pero ahí se quedó. Congelada.
